Durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a preguntas sobre la posibilidad de que el exgobernador de Veracruz saliera pronto de prisión, aclarando que desconoce si Javier Duarte tiene otros procesos judiciales abiertos en su contra. Dijo que no forma parte del Ejecutivo federal conocer los detalles de cada expediente y que cada caso le compete al Poder Judicial y a las instancias encargadas.

Sheinbaum explicó que su gobierno no está involucrado en el seguimiento particular de los casos de Duarte más allá de lo que establecen las leyes y procedimientos, y resaltó que corresponde al sistema de justicia revisar y dictar sentencias conforme a la ley. Afirmó que lo importante es que exista transparencia y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

Con esta declaración, la mandataria buscó deslindar a su administración de especulaciones sobre privilegios o posibles liberaciones anticipadas del exmandatario. Subrayó que no existen actos discrecionales por parte del Ejecutivo en decisiones de libertad o prisión, sino que cada trámite se desarrolla conforme al marco jurídico correspondiente.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha desplegado un nuevo operativo nacional denominado Operación Sable, que tiene como objetivo salvaguardar los programas federales y la población civil que se encuentra en el área del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En conferencia, el funcionario explicó que el plan consiste principalmente en un despliegue territorial de fuerzas federales, encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), con apoyo de toda la estructura de seguridad federal. El objetivo es intervenir en zonas donde existen denuncias o indicios de actividad delictiva, con lo que se busca prevenir delitos antes de que se consoliden.

García Harfuch detalló que la operación se orienta a proteger la integridad de las personas, el funcionamiento de proyectos estratégicos vinculados al desarrollo de infraestructura, y los programas de bienestar que operan en la zona. Subrayó que, aunque no se trata de una respuesta reactiva sino de medidas de prevención, la acción apunta a debilitar estructuras criminales que pudieran intentar infiltrarse en la región.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró en su conferencia matutina que el Gobierno Federal no está vinculado con una iniciativa presentada por algunos diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que busca regular la participación de iglesias y asociaciones religiosas en redes sociales. Según la mandataria, dicha propuesta legislativa no forma parte de la agenda del Ejecutivo, sino que corresponde exclusivamente al trabajo del Congreso.

Sheinbaum enfatizó: “Solamente sobre el tema de ministros de culto, quiero aclarar que no es una propuesta del gobierno, es una propuesta de algunos diputados, pero no es una propuesta nuestra, y es importante que eso se aclare”. La iniciativa, impulsada por los diputados Arturo Ávila Anaya y Moran Ista, pretendía regular la difusión de contenidos religiosos en plataformas digitales. Sin embargo, la presidenta puntualizó que su administración no la ha discutido ni respaldado.

En el contexto del debate, críticos advirtieron que la iniciativa podría representar un riesgo para la libertad de expresión religiosa y digital si se aprobaba en los términos planteados. Con la aclaración de la jefa del Ejecutivo, se busca separar la responsabilidad del gobierno federal de la iniciativa legislativa, y situar el debate únicamente en el ámbito parlamentario.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que dentro de la estrategia de seguridad desplegada en el estado de Michoacán ya se han identificado mandos criminales cuyas órdenes de aprehensión han sido emitidas o se encuentran en proceso, en el marco de un esfuerzo por desarticular las principales estructuras de violencia. Explicó que la primera fase del operativo se centró en la localización de los generadores de violencia, tarea que fue desarrollada previamente en el gabinete de seguridad y que ahora comienza a dar resultados con detenciones y objetivos claros.

García Harfuch señaló que por razones de seguridad no se pueden revelar los nombres de todos los implicados, pues hacerlo podría alertar a las redes criminales y comprometer las operaciones en marcha. Asimismo, enfatizó que los trabajos están coordinados con las fuerzas federales, estatales y el sistema de procuración de justicia, y que el seguimiento está garantizado mediante una combinación de inteligencia, investigaciones prolongadas y colaboración interinstitucional.

La estrategia en Michoacán se presenta como un componente crucial del enfoque nacional, en el cual se pretende no sólo enfrentar los delitos de alto impacto, sino también debilitar los mandos que permiten la reproducción de la violencia en el territorio. De esta forma, el gobierno busca avanzar en la meta de restablecer la seguridad en regiones históricamente afectadas, con un modelo que privilegia la identificación de líderes criminales como punto de partida para la intervención.