La secretaría de Seguridad federal informó que, desde la implementación de la estrategia contra la extorsión el pasado 6 de julio, se ha detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56 % del total de las líneas telefónicas utilizadas para extorsionar, y que en esos mismos recintos se han registrado 478 personas detenidas por este delito. En conferencia, el titular del área, Omar García Harfuch, detalló que ante este hallazgo se han puesto en marcha acciones emergentes para cerrar el canal de comunicación de los internos con el exterior y contener la comisión de extorsiones desde el interior de los penales.
Entre las medidas aplicadas destaca el retiro de una antena de telefonía en el penal de Altamira, Tamaulipas; el cambio de la antena operativa en el penal de Matamoros; y el bloqueo total de servicios 3G y 4G en el penal de Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, con lo que se logró bloquear aproximadamente un 33 % de las líneas detectadas que servían para extorsionar. Estas acciones se enmarcan en la llamada estrategia nacional de combate a la extorsión que busca desactivar desde la infraestructura los mecanismos de perpetración de este ilícito.
El funcionario agregó que el objetivo es que, para el primer trimestre de 2026, todos los 14 reclusorios federales y los tres penales del ámbito de la Ciudad de México queden incluidos en este esquema de bloqueo y control, con el fin de impedir que los internos puedan operar redes de extorsión desde su encierro. Con ello se pretende atacar la extorsión desde su raíz organizativa y operativa, reconociendo que la prisión ya no es sólo lugar de custodia, sino también de origen de delitos de alto impacto que trascienden las paredes del centro penal.
Sin embargo, el reto sigue siendo complejo. El hecho de que más de la mitad de las líneas de extorsión sean trazables a un pequeño número de centros penitenciarios revela tanto la vulnerabilidad del sistema carcelario como la pervivencia de redes criminales que operan desde dentro. Los bloqueos tecnológicos son sólo parte del camino: las autoridades también deberán asegurar la vigilancia, evitar la infiltración de dispositivos ilícitos, y fomentar la colaboración entre dependencias federales, estatales y locales para que estas medidas no resulten temporales sino parte de un cambio estructural.
