El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha desplegado un nuevo operativo nacional denominado Operación Sable, que tiene como objetivo salvaguardar los programas federales y la población civil que se encuentra en el área del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En conferencia, el funcionario explicó que el plan consiste principalmente en un despliegue territorial de fuerzas federales, encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), con apoyo de toda la estructura de seguridad federal. El objetivo es intervenir en zonas donde existen denuncias o indicios de actividad delictiva, con lo que se busca prevenir delitos antes de que se consoliden.

García Harfuch detalló que la operación se orienta a proteger la integridad de las personas, el funcionamiento de proyectos estratégicos vinculados al desarrollo de infraestructura, y los programas de bienestar que operan en la zona. Subrayó que, aunque no se trata de una respuesta reactiva sino de medidas de prevención, la acción apunta a debilitar estructuras criminales que pudieran intentar infiltrarse en la región.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró en su conferencia matutina que el Gobierno Federal no está vinculado con una iniciativa presentada por algunos diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que busca regular la participación de iglesias y asociaciones religiosas en redes sociales. Según la mandataria, dicha propuesta legislativa no forma parte de la agenda del Ejecutivo, sino que corresponde exclusivamente al trabajo del Congreso.

Sheinbaum enfatizó: “Solamente sobre el tema de ministros de culto, quiero aclarar que no es una propuesta del gobierno, es una propuesta de algunos diputados, pero no es una propuesta nuestra, y es importante que eso se aclare”. La iniciativa, impulsada por los diputados Arturo Ávila Anaya y Moran Ista, pretendía regular la difusión de contenidos religiosos en plataformas digitales. Sin embargo, la presidenta puntualizó que su administración no la ha discutido ni respaldado.

En el contexto del debate, críticos advirtieron que la iniciativa podría representar un riesgo para la libertad de expresión religiosa y digital si se aprobaba en los términos planteados. Con la aclaración de la jefa del Ejecutivo, se busca separar la responsabilidad del gobierno federal de la iniciativa legislativa, y situar el debate únicamente en el ámbito parlamentario.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que dentro de la estrategia de seguridad desplegada en el estado de Michoacán ya se han identificado mandos criminales cuyas órdenes de aprehensión han sido emitidas o se encuentran en proceso, en el marco de un esfuerzo por desarticular las principales estructuras de violencia. Explicó que la primera fase del operativo se centró en la localización de los generadores de violencia, tarea que fue desarrollada previamente en el gabinete de seguridad y que ahora comienza a dar resultados con detenciones y objetivos claros.

García Harfuch señaló que por razones de seguridad no se pueden revelar los nombres de todos los implicados, pues hacerlo podría alertar a las redes criminales y comprometer las operaciones en marcha. Asimismo, enfatizó que los trabajos están coordinados con las fuerzas federales, estatales y el sistema de procuración de justicia, y que el seguimiento está garantizado mediante una combinación de inteligencia, investigaciones prolongadas y colaboración interinstitucional.

La estrategia en Michoacán se presenta como un componente crucial del enfoque nacional, en el cual se pretende no sólo enfrentar los delitos de alto impacto, sino también debilitar los mandos que permiten la reproducción de la violencia en el territorio. De esta forma, el gobierno busca avanzar en la meta de restablecer la seguridad en regiones históricamente afectadas, con un modelo que privilegia la identificación de líderes criminales como punto de partida para la intervención.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno redoblará los esfuerzos para impedir que las y los jóvenes sean atrapados por el consumo de sustancias ilícitas o por la vinculación con grupos delictivos. En su conferencia matutina reveló que, junto con la campaña ya en marcha contra el fentanilo, se pondrá en marcha una nueva estrategia focalizada en el combate y prevención del uso de metanfetamina, droga que —según dijo— supera en consumo al fentanilo en México.

La campaña contra el fentanilo, denominada “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”, fue presentada como una acción preventiva dirigida especialmente a adolescentes, donde se involucran escuelas, familias y maestros en la detección temprana de conductas de riesgo. Al respecto, Sheinbaum reconoció que, aunque el fentanilo no vive una crisis comparada con la de Estados Unidos, no se tratará el tema con menos intensidad, ya que “no queremos que llegue a nuestro país o que nuestro jóvenes lo empiecen a probar”, subrayó.

Asimismo, la mandataria explicó que la nueva fase contra la metanfetamina busca cerrar un vacío operativo: si bien el fentanilo ha sido el foco mediático, los datos indican que el consumo de estimulantes tipo anfetamínico ha crecido sustancialmente. Por ello, la estrategia se despliega con tres ejes: prevención, tratamiento y rehabilitación, y contempla intervenciones tempranas en escuelas secundarias y de media superior, además de campañas de sensibilización para padres y tutores.

La presidente Claudia Sheinbaum explicó que la figura de la revocación de mandato, impulsada por su movimiento político, tiene como objetivo permitir que la ciudadanía determine si un presidente debe continuar en el cargo cuando ya ha perdido el apoyo mayoritario. «En ocasiones los mandatarios permanecen durante todo el periodo de seis años, aun cuando ya no cuentan con el apoyo de la mayoría», señaló.

Asimismo, señaló que esta iniciativa tiene también un componente práctico-operativo: “Se busca aprovechar los recursos que ya se destinan a la elección intermedia para realizar simultáneamente la consulta de revocación, evitando así duplicar gastos y la instalación de casillas en años consecutivos”. De este modo, se propone que la consulta coincida con procesos ya previstos, lo que implicaría una optimización en el uso del presupuesto electoral.

La mandataria reafirmó que esta figura de democracia participativa amplía los canales mediante los cuales la gente puede fiscalizar y decidir sobre sus gobernantes: “Permitimos que la ciudadanía tenga la posibilidad de decidir si quien ejerce el poder tiene o no la legitimidad para continuar”, concluyó, al tiempo que pidió su difusión para que los ciudadanos estén enterados y activamente involucrados en el mecanismo.

La mandataria aseguró que la instalación de vallas metálicas alrededor del recinto histórico no busca limitar la protesta, sino proteger el patrimonio nacional y la integridad de las personas, ante la movilización prevista de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la denominada “Generación Z” para este fin de semana. Apuntó que hay grupos que podrían generar violencia o quemar el ingreso principal del Palacio, por lo que consideró que “es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de alguna persona”.

Sheinbaum explicó que la medida también responde a la responsabilidad de cuidar el recinto como monumento histórico y símbolo del país, así como de resguardar a la policía institucional ante potenciales agresiones de manifestantes encapuchados o armados con objetos peligrosos. Añadió que esta acción se adopta como parte de las medidas de seguridad que aplican en eventos de gran magnitud, con antecedentes de confrontaciones.

Aunque enfatizó que no se trata de una medida contra la protesta pacífica, sino de prevención, la colocación de vallas ha generado reacciones críticas entre sectores que la consideran una limitación al derecho de manifestación. Desde el gobierno se reiteró que persistirá la libertad de expresión y reunión, con la valla como herramienta de contención ante posibles escenarios de riesgo.

• Omar García Harfuch señala que a través de una compleja red de intermediarios, empresas fachada y plataformas digitales en el extranjero se movilizaron hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales

Una investigación conjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana identificó 13 casinos físicos y virtuales operando con irregularidades que apuntan a lavado de dinero, vínculos con el crimen organizado y movimientos de recursos de procedencia ilícita en ocho entidades del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Las irregularidades incluyen patrones financieros de riesgo, operaciones inusuales y transferencias transnacionales que debilitan la integridad del sistema financiero.

El titular de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que los casinos presentan conductas compatibles con tipologías internacionales de lavado de dinero: grandes volúmenes de efectivo, envío de recursos al extranjero, uso de plataformas digitales no reguladas, y utilización de personas con perfiles económicos que no correspondían con las sumas manejadas (por ejemplo amas de casa, estudiantes o jubilados) para mover los fondos. Como resultado, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación y se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Para afrontar estas amenazas al sistema financiero, el Gobierno anunció el inicio de una nueva etapa de prevención basada en inteligencia artificial y modelos predictivos para detectar a tiempo los comportamientos atípicos antes de que generen daño. La estrategia también contempla modificaciones normativas y regulaciones más estrictas para los juegos de apuesta, tanto presenciales como en línea, para impedir que el sector sea aprovechado por estructuras delictivas

• El diputado Marco de la Mora la votó a favor

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la creación del Día Nacional de la Mujer Afromexicana, que se conmemorará cada 4 de noviembre en todo el país. La iniciativa busca reconocer la historia, aportaciones y luchas de las mujeres afrodescendientes en México, además de saldar una deuda histórica con un sector que ha permanecido invisibilizado durante siglos.

Este día fue instituido en honor a Catalina de los Reyes, una mujer afromexicana originaria de Oaxaca que en el siglo XVII enfrentó el maltrato y la discriminación, convirtiéndose en símbolo de resistencia y dignidad para las mujeres afro. Su historia representa la fuerza y la valentía de miles de mujeres que, desde tiempos coloniales, han luchado por el respeto y la igualdad.

La aprobación fue celebrada como una gran noticia especialmente en la zona afro de la Costa Chica, donde se han impulsado políticas de reconocimiento e incremento presupuestal para el bienestar de los pueblos afromexicanos. Entre los legisladores que votaron a favor se destacó el diputado Marco de la Mora, quien señaló que este paso representa “un acto de justicia y visibilización para las mujeres que han contribuido al desarrollo cultural y social del país”.