Ciudad de México.– En medio de un escenario internacional marcado por el encarecimiento del petróleo, el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una estrategia de contención para evitar un alza abrupta en los precios de los combustibles. Actualmente, el diésel —clave para el transporte de mercancías— se ubica entre los 28.2 y 28.5 pesos por litro, mientras que la gasolina Magna se mantiene por debajo de los 24 pesos, gracias a una combinación de estímulos fiscales y acuerdos con el sector gasolinero.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, sin estas medidas el diésel podría haber alcanzado niveles cercanos a los 35 pesos por litro, impulsado por la volatilidad del mercado internacional y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Para evitarlo, se han aplicado ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), revisiones en los precios de distribución de Pemex, así como acuerdos voluntarios con estaciones de servicio para fijar topes en el costo de la gasolina Magna.

Además, el gobierno federal ha reforzado el monitoreo del mercado energético global y reactivado subsidios como mecanismo de amortiguamiento frente al alza del crudo, que recientemente ha superado los 100 dólares por barril. Pese a la presión inflacionaria, la administración asegura que no existen riesgos para la estabilidad económica del país, al destacar la solidez de las reservas internacionales y la capacidad de inversión pública.

Sin embargo, especialistas advierten que esta política de contención implica un costo fiscal significativo y podría no ser sostenible a largo plazo si persiste la tendencia alcista en los precios internacionales del petróleo, lo que mantiene abierto el debate sobre el equilibrio entre estabilidad de precios y finanzas públicas.

Lo que dijo el Gobierno Federal

Indicó que el diésel, clave para el transporte de mercancías, actualmente se ubica entre 28.23 y 28.28 pesos por litro, tras medidas de contención. Sin intervención, señaló, podría haber alcanzado niveles cercanos a los 35 pesos.

Estrategias para contener precios

• Ajustes en el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios)
• Revisión de precios en terminales de Pemex
• Acuerdos voluntarios con gasolineros
• Monitoreo del mercado internacional

En cuanto a la gasolina Magna, se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro. La mandataria aseguró que no existen riesgos para la estabilidad económica, destacando reservas internacionales sólidas y capacidad de inversión.

Ciudad Juárez, Chihuahua, 28 de marzo de 2026.– A tres años del incendio registrado el 27 de marzo de 2023 en una estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), donde murieron 40 migrantes bajo custodia oficial, el caso continúa marcado por la impunidad, la falta de justicia plena y la ausencia de una reparación integral del daño para las víctimas y sus familias.

Organizaciones de la sociedad civil y familiares denunciaron que, pese a la gravedad de la tragedia, los procesos penales abiertos no han derivado en sentencias firmes contra los responsables. Señalaron que las investigaciones han sido parciales, enfocándose principalmente en personal operativo y de seguridad privada, sin que se haya determinado la responsabilidad de mandos superiores, algunos de los cuales continúan en funciones.

Durante una mesa de diálogo, colectivos como Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la Clínica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) advirtieron omisiones en la investigación, particularmente en lo relacionado con las condiciones de detención de los migrantes y la actuación de las autoridades durante el siniestro.

Asimismo, subrayaron que el Estado mexicano no ha garantizado medidas efectivas para evitar la repetición de hechos similares, lo que evidencia, dijeron, fallas estructurales en la política migratoria. A tres años de la tragedia, el caso sigue abierto y, para las víctimas, la deuda de justicia permanece sin saldarse.

Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.– La actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas presentada por el gobierno federal reavivó el debate sobre la magnitud real de la crisis en México. De acuerdo con autoridades, el país acumula más de 132 mil registros históricos de personas desaparecidas y no localizadas; sin embargo, tras un proceso de depuración, solo 43 mil 128 casos fueron clasificados como desapariciones “vigentes”, es decir, aquellos en los que no se tiene rastro actual de la persona.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se explicó que la revisión buscó eliminar duplicidades, corregir inconsistencias y reclasificar expedientes con algún tipo de evidencia posterior. Según la versión oficial, más del 90 % de los registros han sido aclarados o integrados en otras categorías, mientras que únicamente 3 mil 869 casos cuentan actualmente con una carpeta de investigación abierta.

No obstante, la nueva metodología ha sido duramente cuestionada por colectivos de familiares y organizaciones civiles, quienes advierten que esta depuración podría estar reduciendo artificialmente la dimensión del problema. Señalan que miles de casos fueron relegados por falta de información —una omisión atribuible a las propias autoridades— y denuncian que el cambio en los criterios no implica una disminución real de las desapariciones, sino una modificación en la forma de contarlas.

La controversia revive un debate de fondo: si la reclasificación contribuye a una mejor comprensión del fenómeno o si, por el contrario, diluye la gravedad de una crisis que, para miles de familias, sigue sin resolverse.