Chilpancingo, Gro., 14 de abril de 2026.— Para incorporar de manera transversal la perspectiva de género, fortalecer el principio de igualdad sustantiva, garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y establecer bases normativas claras para la erradicación de la brecha salarial por razones de género, el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero. La propuesta fue impulsada en su momento por la diputada Leticia Mosso Hernández.

Esto con el propósito de dar cumplimiento al mandato constitucional federal y reafirmar el compromiso del Poder Legislativo de Guerrero con la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres, aseguró la diputada Aracely Ocampo Manzanares al fundamentar el dictamen emitido por la Comisión para la Igualdad de Género.

La legisladora señaló que la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, particularmente en el ámbito laboral y salarial, constituye una problemática persistente que vulnera el principio de igualdad sustantiva, por lo que la erradicación de la brecha salarial por razones de género es una obligación impostergable del Estado.

Agregó que el Estado, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, tiene la obligación indeclinable de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad sustantiva y a la no discriminación, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte.

Recordó que la reforma constitucional federal de 2024, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial, representa un avance significativo en la consolidación del marco constitucional de protección de los derechos humanos de las mujeres, al incorporar mandatos expresos para garantizar condiciones reales de igualdad y eliminar prácticas discriminatorias estructurales.

Asimismo, indicó que dicha reforma obliga a las entidades federativas a armonizar su marco constitucional y legal local, por lo que esta armonización normativa responde al principio de supremacía constitucional y al deber de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad en el ámbito local, a fin de garantizar la coherencia del sistema jurídico y la plena eficacia de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales.

ACUERDO
El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en el estado, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que en coordinación con el Ejecutivo Estatal, de manera conjunta, coordinada y urgente, implementen acciones de vigilancia, inspección, difusión y sanción contra el cobro ilegal de comisiones por pago con tarjeta de crédito o débito en establecimientos comerciales de Guerrero. Fue turnada a la Comisión de Hacienda.

INTERVENCIONES
La diputada Luissana Ramos Pineda intervino con el tema: Legislar con Perspectiva de Género.

La diputada Erika Isabel Guillén Román, habló con motivo del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Intervino también la diputada Araceli Ocampo Manzanares.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares, intervino en relación con el Día Internacional de la Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos.

Chilpancingo, Gro., 09 de abril de 2026.- Las diputadas y los diputados del Congreso del Estado de Guerrero aprobaron por mayoría de votos la minuta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el Congreso de la Unión, en materia electoral, para que los recursos públicos sean utilizados con honradez y eficacia, con lo que la entidad se convierte en uno de los primeros Congresos locales en avalar la propuesta.

En la sesión de este jueves, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, fundamentó el dictamen señalando que con estas reformas —propuestas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo— se busca adecuar las instituciones del Estado a parámetros de eficiencia, legitimidad, austeridad y responsabilidad en el ejercicio de los recursos, lo cual ha sido una constante en reformas constitucionales anteriores.

Se expone que esta reforma asegura, técnica y materialmente, la eliminación de estructuras de privilegio que históricamente han operado, redirigiendo los presupuestos públicos al bienestar colectivo y a las poblaciones más vulneradas.

Asimismo, se refiere que la reforma al artículo 134 eleva a rango constitucional una restricción estricta: las percepciones de consejeros y magistrados electorales locales no podrán ser superiores a las del Ejecutivo federal, disposición fundamental para desarticular prácticas históricas de dispendio y garantizar que el servicio público retome su vocación ética.

Además, con el fin de fortalecer el sistema municipalista, se propone redimensionar la composición de los ayuntamientos mediante la reforma a la fracción I del artículo 115. Con esta medida se transita hacia gobiernos locales más ágiles y austeros, estableciendo un límite a las regidurías y sindicaturas municipales para destinar el ahorro generado directamente al desarrollo de los municipios.

La reforma al artículo 116 establece un techo presupuestal para los Congresos locales equivalente al 0.70 por ciento del gasto estatal. Con ello se evitan excesos y se asegura que el gasto legislativo sea proporcional, liberando recursos para atender las necesidades más apremiantes de la población.

También se incorpora el mandato de paridad de género en la integración de ayuntamientos y legislaturas, avanzando hacia un modelo orientado a la distribución efectiva del poder y reconociendo el papel activo de las mujeres mediante el uso de lenguaje incluyente en los preceptos constitucionales.

Finalmente, se recalcó que la reforma es plenamente compatible con los tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, al promover una gestión transparente y responsable de los recursos públicos. “No se trata de una limitación a la autonomía, sino de una optimización de la ingeniería constitucional para prevenir asimetrías institucionales”, apunta el dictamen.

Fijaron postura a favor, a nombre de sus Grupos Parlamentarios y Representaciones de Partido, las diputadas y los diputados Héctor Suárez Basurto (Morena), Hilda Jennifer Ponce Mendoza (PVEM), Robell Urióstegui Patiño (PRD), Edgar Ventura de la Cruz (PT) y Erika Lorena Lührs Cortés (MC).

En contra intervinieron el diputado Alejandro Bravo Abarca, en representación del PRI, y la diputada María Irene Montiel Servín, del PAN.