• «El infierno en Brooklyn» y sus famosos habitantes; la prisión que alberga a «El Mayo», «El Chapo»… y ahora a Nicolás Maduro. Esta semana debe comparecer el líder venezolano, señalado por narcoterrorismo

Desde el sábado, Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC, por sus siglas en inglés), mejor conocido como “el infierno de Brooklyn”.

Inaugurada en la década de 1990, se trata de una de las cárceles más estrictas y controvertidas de Estados Unidos y que alberga actualmente a reconocidos capos del narcotráfico internacional y a figuras mediáticas acusadas de delitos federales, incluyendo Ismael “El Mayo” Zambada, histórico jefe del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal ecuatoriana “Los Choneros” y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien ya fue indultado en noviembre de 2025 por el presidente Donald Trump.

También ha albergado a reclusos tan notorios como Joaquín “El Chapo” Guzmán y el exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien denunció en una carta hecha pública por su abogado que había presenciado homicidios y apuñalamientos.

Es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad junto con la de Rikers y fue objeto de denuncias por la falta de personal, la delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas.

Es la única prisión federal de Nueva York. Sus alrededor de mil 200 reclusos esperan ser juzgados en tribunales federales, desde que cerró el Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan.

Una antigua presa, la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido Jeffrey Epstein, denunció condiciones “inhumanas, crueles y degradantes” en el MDC y comparó su celda con la del psicópata Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes”.

A la larga lista de personajes ‘célebres’ se unió en 2024 Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, quien coincidió con el controvertido rapero Sean “Diddy” Combs.

El que fue asesor del presidente Donald Trump, Michael Cohen, también estuvo interno en las instalaciones en 2020, acusado de evasión fiscal, entre otros cargos, y recordaba su estancia en la prisión con motivo del paso de Combs por la misma.

“(Combs) se despierta en una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de ocho por 10 pies que puedo asegurarles que es repugnante”, aseguró el exasesor de Trump, que añadía que en la primera etapa de reclusión no se tiene acceso a libros.

En 2019, la situación en la prisión federal generó protestas después de siete días parcialmente sin electricidad ni calefacción.

Según videos subidos a las redes sociales, muchos reclusos pedían ayuda golpeando las ventanas con objetos tras varios días en los que el termómetro en Nueva York llegó a marcar 15 grados bajo cero. Además, abogados de los reos denunciaron que no había servicios médicos.

El incidente de 2019 motivó una investigación del Departamento de Justicia para evaluar si la Oficina de Prisiones tenía “planes de contingencia adecuados” a fin de abordar las condiciones de vida de los reclusos.

Por su parte, los prisioneros interpusieron una demanda colectiva, que resultó en la indemnización de mil 600 reclusos con unos 10 millones de dólares por soportar frío y condiciones inhumanas por el corte de energía.

Informes de la cadena estadounidense CNN y documentos judiciales indican que la cárcel opera con apenas 55% del personal necesario, lo que ha provocado confinamientos prolongados, fallas eléctricas, episodios de violencia interna y condiciones insalubres.

En 2024, al menos dos reclusos murieron en hechos violentos: Uriel Whyte, de 37 años, fue asesinado a puñaladas, mientras que Edwin Cordero, de 36 años, falleció tras una pelea dentro del penal. También se han reportado fallas en los sistemas sanitarios, infestaciones de roedores y celdas frías y oscuras durante los cortes de energía.

Los reclusos considerados de alto riesgo o de alto perfil suelen ser recluidos en la Unidad de Vivienda Especial, conocida como 9-Sur o SHU. Una fuente citada por CNN en Español indicó que los internos disponen de apenas 1.5 metros cuadrados para moverse, permanecen bajo vigilancia constante y mantienen un contacto mínimo con el exterior.

En esta unidad se encuentran detenidos “El Mayo”, Caro Quintero y alias Fito.

Comparecencia ante el tribunal

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Maduro deberá comparecer el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan. El proceso judicial está bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein.

El gobernante venezolano fue acusado formalmente en 2020 y enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas, los cuales fueron ratificados en una acusación sustitutiva hecha pública el pasado sábado.

Según The New York Times, Maduro y su esposa deberán presentarse ante un juez federal y su traslado se realizará desde el aeropuerto Stewart International hasta el Bajo Manhattan bajo estrictas medidas de seguridad.

El líder chavista viajó desde el Caribe hacia un aeropuerto del área metropolitana de Nueva York y permanecerá bajo custodia federal hasta su audiencia.

• Delcy Rodríguez es nombrada presidenta interina el sábado, tras la incursión estadounidense en la capital, Caracas, Rodríguez adoptó un tono desafiante y dijo que Maduro era el único líder legítimo del país

Donald Trump advirtió el domingo que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará “un precio muy alto” si no coopera con Estados Unidos, después de que fuerzas estadounidenses capturaran y encarcelaran al presidente Nicolás Maduro.

“Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, dijo Trump a la revista The Atlantic en una breve entrevista telefónica.

Las fuerzas estadounidenses atacaron Caracas en las primeras horas del sábado, bombardeando objetivos militares. Se llevaron a Maduro y a su esposa y los sacaron del país para enfrentar cargos en Nueva York.

El gobierno de Trump dice que está dispuesto a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo venezolanas.

La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta interina por el Tribunal Supremo y mandos militares de Venezuela.

El sábado, tras la incursión estadounidense en la capital, Caracas, Rodríguez adoptó un tono desafiante y dijo que Maduro era el único líder legítimo del país.

“Estamos listos para defender nuestros recursos naturales”, aseguró.

Roberto Quijano, embajador vitalicio de Baja California, acusó que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña lo agredió tras encontrárselo en las calles de Roma.

Quijano compartió un video en su cuenta de X donde abordó al senador «saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente«, escribió.

«Me topé a Fernández Noroña en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro», acusó.

En el breve video se le cuestionó a Fernández Noroña que, «¿Qué se siente estar en Roma?» a lo que respondió «pues muy bien, crees que tú eres el único que tienes derecho a estar en Roma? No, mi amigo, dijo mientras soltó un manotazo.

La acompañante del legislador lo secundó y llamó «pobre idiota» a Quijano, para luego retroceder y, aparentemente, retirarse.

En el video se escucha como la persona que lo graba acusa a Noroña de ser un corrupto y defender a Nicolás Maduro. «Está aquí en Roma mientras el país está en crisis», señaló.

• El pliego acusatorio del Departamento de Justicia estadounidense detalla un entramado criminal transnacional que involucra rutas, cárteles y operaciones financieras con paso por territorio mexicano, mientras México enfrenta presión diplomática y un delicado equilibrio entre cooperación y soberanía.

El pliego acusatorio presentado por la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro no solo busca sustentar, con pruebas verificables, cargos de narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas y conspiración criminal ante una corte federal, sino que también introduce un elemento particularmente sensible para la región: la mención directa de México como pieza clave en la estructura logística descrita por los fiscales estadounidenses.

El documento, elaborado bajo estándares estrictos del sistema judicial de EE.UU. para evitar su colapso durante el juicio, se apoya en legislación federal que permite la persecución penal extraterritorial cuando los delitos tienen impacto directo en territorio estadounidense, como la importación de cocaína, el financiamiento de organizaciones criminales y el uso de armas en conspiraciones transnacionales.

El marco legal del caso

La acusación se sustenta en leyes federales de Estados Unidos relacionadas con narcotráfico, crimen organizado, terrorismo y posesión de armas, que permiten procesar a ciudadanos extranjeros si las conductas imputadas tienen efectos sustanciales en EE.UU. Bajo este esquema, la fiscalía argumenta que las operaciones atribuidas a Maduro y su entorno formaban parte de una conspiración internacional diseñada para inundar de droga al mercado estadounidense y obtener beneficios económicos y políticos.

Desde el punto de vista del derecho internacional, el caso ha generado una intensa controversia. Especialistas señalan que, si bien EE.UU. puede construir un expediente penal interno, la captura de un jefe de Estado en funciones plantea serias dudas respecto a la inmunidad soberana y a los principios de no intervención y prohibición del uso de la fuerza establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

México en el expediente

Uno de los aspectos más delicados del pliego acusatorio es la referencia explícita a México. Según la fiscalía, el territorio mexicano habría sido utilizado como ruta de tránsito para cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica, así como para operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles mexicanos mencionados en el documento. Puertos, vuelos y redes financieras asentadas en México aparecen descritos como eslabones operativos dentro del esquema criminal que, de acuerdo con la acusación, beneficiaba al círculo de poder en Venezuela.

La fiscalía no acusa al Estado mexicano como tal, pero la inclusión del país en el relato judicial lo coloca en una posición incómoda a nivel internacional, al asociarlo con el funcionamiento de redes criminales que operan más allá de sus fronteras.

La posición de México

Ante este escenario, el Gobierno de México ha reaccionado con cautela. Por un lado, ha condenado cualquier acción que implique una intervención militar o una violación a la soberanía de otro Estado, apelando al respeto al derecho internacional. Por otro, ha reiterado que la cooperación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos se mantiene, particularmente en el combate al crimen organizado transnacional.

Esta postura refleja un equilibrio complejo: México busca evitar ser percibido como cómplice o eslabón débil en la lucha contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo rechaza precedentes que puedan justificar acciones unilaterales en la región. La mención del país en un documento judicial de alto perfil aumenta la presión diplomática y podría traducirse en mayores exigencias de colaboración por parte de Washington.

Un impacto regional

El caso contra Maduro no solo tendrá implicaciones judiciales en Estados Unidos, sino también efectos políticos y diplomáticos en América Latina. Para México, el expediente representa un recordatorio de su papel estratégico en las dinámicas del crimen transnacional y de la fragilidad de su posición entre la cooperación en seguridad y la defensa de los principios de soberanía y no intervención.

Mientras el proceso judicial avanza, la atención se centra no solo en el destino legal de Nicolás Maduro, sino también en cómo los países mencionados —México entre ellos— gestionarán las consecuencias políticas de aparecer en uno de los casos penales internacionales más relevantes de los últimos años.