La región norte de Guerrero fue nuevamente escenario de una jornada violenta este jueves, cuando al menos tres tráileres que transportaban maquinaria y materiales mineros fueron incendiados en la carretera federal Iguala–Teloloapan, a la altura de la comunidad de TELIXTLAC. Según testimonios de pobladores y automovilistas, se vivieron momentos de pánico mientras las llamas consumían los vehículos y bloqueaban completamente la circulación. De manera extraoficial, se especula que hay cinco personas asesinadas e incineradas.
Las primeras investigaciones apuntan a una posible represalia del crimen organizado, específicamente del grupo conocido como La Familia Michoacana. Este cártel impone cuotas de extorsión a las empresas mineras y de transporte que operan en la zona, incluyendo la mina Capela, dedicada a la extracción de plomo, zinc y plata. El incumplimiento de los pagos exigidos, que pueden alcanzar cifras millonarias, suele acarrear represalias violentas que incluyen quema de vehículos, secuestros y asesinatos.
Llama poderosamente la atención la ausencia total de respuesta por parte de las autoridades estatales y federales. Ni la policía ni la Guardia Nacional se presentaron en la zona, y fueron los propios trabajadores quienes intentaron sofocar el fuego. Esta omisión refuerza la percepción de que Teloloapan y sus alrededores están bajo el control efectivo del crimen organizado, mientras las autoridades guardan silencio ante estos actos de barbarie.
Para los habitantes de Teloloapan, este tipo de sucesos ya no sorprenden. La violencia, la extorsión y el miedo son elementos cotidianos en su día a día, mientras la impunidad se mantiene como regla general. El incendio de los tráileres y la posible ejecución de cinco personas solo confirman que la región sigue siendo rehén del terror criminal, sin respuestas claras ni acciones contundentes del Estado.
