La eventual desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y la concentración de todas sus funciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), en un contexto de elecciones legislativas concurrentes con comicios judiciales podría llevar al sistema electoral mexicano a un “colapso técnico” sin precedentes, advierte el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE)
La sobrecarga administrativa, logística y operativa que implicaría organizar simultáneamente la renovación total de la Cámara de Diputados, elecciones locales y la segunda etapa de la elección judicial en 2027, bajo un esquema centralizado, constituye el principal foco rojo de la próxima reforma electoral.
A este riesgo se suma, según el organismo, la propuesta de modificar la integración del Consejo General del INE, reduciendo el número de consejerías y sometiendo su designación al voto popular.
Para OPINE, introducir una lógica de competencia política en un órgano cuya naturaleza es eminentemente técnica e imparcial debilita la función de arbitraje electoral y abre la puerta a su captura por mayorías partidistas.
OPINE advierte que elegir por voto popular a las y los consejeros electorales rompería con el principio de imparcialidad técnica que ha caracterizado al INE.
La experiencia comparada y la teoría política muestran que los funcionarios electos tienden a responder a las fuerzas que financiaron, promovieron o movilizaron su candidatura, más que a un mandato estrictamente legal.
En un contexto de alta concentración de poder, esto podría traducirse en un Consejo General alineado con la mayoría gobernante, erosionando la confianza de la oposición y la credibilidad de los resultados.
Convertir al árbitro en un actor que debe competir por votos implica, además, campañas, exposición mediática, apoyos políticos y eventualmente financiamiento, factores incompatibles con la lógica de independencia que exige la función electoral.
