La Fiscalía General de la República (FGR) dio carpetazo a la investigación del accidente registrado en la línea Z del Tren Interoceánico, en una resolución que apunta directamente a errores humanos, pero deja fuera cualquier responsabilidad estructural o institucional.
Tras meses de peritajes, diligencias ministeriales y análisis técnicos, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró que se agotaron todas las líneas de investigación. El veredicto es claro: el maquinista, el conductor y el jefe de despacho fueron señalados como responsables directos del siniestro y ya enfrentan procesos judiciales tras su vinculación a proceso.
Sin embargo, el cierre del caso también marca lo que no se investigará más. La Fiscalía descartó daños en la infraestructura ferroviaria, respaldándose en dictámenes de ingeniería civil y seguridad industrial que, según la institución, acreditan que las vías cumplían con los estándares normativos al momento del accidente.
En la misma línea, no se encontraron elementos para proceder contra funcionarios por uso indebido de atribuciones o irregularidades en el servicio público. Revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y expedientes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no arrojaron anomalías en contratos de obra, mantenimiento ni adquisición de equipo.
El componente más controvertido del cierre radica en la vía adoptada para resolver los daños. La empresa ferroviaria otorgó el perdón legal por afectaciones materiales, mientras que en el ámbito penal se privilegió la justicia alternativa. Con la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 145 personas afectadas —incluidos 31 menores— accedieron a acuerdos reparatorios que contemplan compensaciones económicas y atención integral.
Este mecanismo permitió extinguir la acción penal en esos casos, bajo el argumento de ofrecer soluciones más rápidas y menos desgastantes para las víctimas. No obstante, la decisión abre cuestionamientos sobre si la reparación económica sustituye la necesidad de esclarecer a fondo posibles fallas sistémicas.
La FGR sostiene que el caso está cerrado y que el informe completo ya es público, en un ejercicio de transparencia. Pero el dictamen final deja una interrogante en el aire: ¿se trató únicamente de un error humano o de un sistema que, una vez más, evitó mirarse a sí mismo?
