*El exgobernador de Guerrero permanecerá en el penal del Altiplano; la Fiscalía sostiene que recibió y ordenó destruir material videográfico relacionado con la desaparición de los 43 normalistas. La defensa presentó 31 datos de prueba y anunció que apelará la decisión.
Ciudad de México.— Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, dentro de la investigación relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La determinación se produjo durante la madrugada del miércoles 12 de agosto, después de una audiencia que se prolongó por más de 15 horas. El juez consideró que los datos aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes para que el proceso penal continuara.
Aguirre Rivero permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, mientras continúa el procedimiento. La Fiscalía contará con un periodo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria. La defensa, por su parte, anunció que impugnará la resolución.
La acusación de la Fiscalía
Uno de los principales elementos de la acusación está relacionado con material videográfico obtenido de cámaras de seguridad ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, esas cámaras habrían registrado acontecimientos relevantes ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron atacados y posteriormente desaparecidos.
La FGR sostiene que una funcionaria del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero habría tenido acceso a un DVD con imágenes de las cámaras y que posteriormente ese material llegó a manos de Aguirre Rivero.
Según la acusación, el entonces gobernador habría recibido el material y posteriormente habría ordenado su destrucción u ocultamiento, como parte de una operación para eliminar evidencias relacionadas con los hechos.
La Fiscalía basa parte de esta hipótesis en testimonios incorporados recientemente a la carpeta de investigación. El Ministerio Público considera que estos elementos permiten establecer, en esta etapa procesal, una probable participación del exmandatario estatal.
La defensa presentó 31 datos de prueba
La defensa de Aguirre Rivero intentó desmontar esa versión mediante 31 datos de prueba, principalmente relacionados con su ubicación y actividades el 29 de septiembre de 2014, fecha en la que, según la acusación, habría recibido el material videográfico.
Uno de los principales argumentos de sus abogados es que Aguirre se encontraba en Ciudad de México ese día y no en Guerrero.
Entre los elementos presentados se encuentran testimonios y documentación destinados a acreditar que el exgobernador viajó a la capital del país y sostuvo una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Felipe Martín Ornelas Rebollo, uno de los testigos presentados por la defensa, declaró que trasladó a Aguirre a Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014 para una reunión con Osorio Chong alrededor de las 18:00 horas, en Polanco.
La defensa sostiene que esta información contradice directamente la versión según la cual el exgobernador recibió el DVD en Guerrero.
La controversia sobre la fecha
Uno de los puntos que podrían adquirir mayor relevancia durante la apelación es precisamente la fecha en que habría ocurrido la reunión con Osorio Chong.
Mientras la defensa sostiene que Aguirre estaba en Ciudad de México el 29 de septiembre, la Fiscalía planteó una versión distinta respecto de la fecha de ese encuentro.
La discrepancia es relevante porque la acusación ubica precisamente el 29 de septiembre como el día en que el exgobernador habría recibido el material videográfico.
El juez, sin embargo, determinó que los elementos aportados por la defensa no eran suficientes para descartar en esta etapa la hipótesis de la Fiscalía.
La geolocalización también fue cuestionada
Otro de los puntos controvertidos durante la audiencia fue la utilización de información relacionada con un teléfono celular.
La defensa cuestionó la utilidad de ese elemento y sostuvo que el teléfono cuya ubicación fue utilizada por la Fiscalía no pertenecía a Aguirre Rivero, por lo que su localización no podía demostrar por sí misma que el exgobernador estuviera físicamente en Guerrero.
A pesar de los argumentos presentados por los abogados, el juez consideró que los elementos de la defensa no lograban desvirtuar la hipótesis acusatoria en el nivel de exigencia correspondiente a una audiencia de vinculación.
Vinculación no significa culpabilidad
La resolución judicial no constituye una sentencia condenatoria.
La vinculación a proceso significa que el juez encontró datos suficientes para considerar que existe una probable participación del acusado y permitir que la investigación penal continúe.
Por lo tanto, todavía deberá desarrollarse la etapa de investigación complementaria y posteriormente, en su caso, las siguientes fases del proceso penal.
La defensa mantiene su derecho a controvertir las pruebas de la Fiscalía y ya anticipó que recurrirá la determinación judicial.
¿Qué sigue para Aguirre?
Durante los próximos cuatro meses, la Fiscalía y la defensa podrán continuar incorporando elementos al expediente.
Para la FGR será fundamental fortalecer los elementos que relacionan a Aguirre con el supuesto ocultamiento o destrucción de los videos y corroborar los testimonios utilizados para sustentar su acusación.
Para la defensa, uno de los objetivos centrales será demostrar que el exgobernador se encontraba en Ciudad de México cuando presuntamente habría recibido el material y cuestionar la credibilidad y consistencia de los testimonios que lo señalan.
La apelación anunciada por sus abogados podría convertirse en el siguiente episodio jurídico relevante del caso.
Un nuevo capítulo en el caso Ayotzinapa
La vinculación de Ángel Aguirre representa uno de los acontecimientos judiciales de mayor relevancia en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes, debido a que se trata del procesamiento de quien era gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los hechos.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos calificaron la decisión como un avance en la búsqueda de justicia, aunque han insistido en que la investigación debe alcanzar a todos los responsables.
Por ahora, el proceso se encuentra lejos de una sentencia definitiva. La principal disputa jurídica será determinar si las pruebas reunidas por la Fiscalía logran demostrar, más allá de la mera sospecha, la participación del exgobernador en el supuesto ocultamiento o destrucción de evidencias y su relación con la desaparición forzada de los estudiantes.
Fuente: Información basada en reportes de La Jornada, El País, El Sol de Chilpancingo, Infobae y otros medios que dieron cobertura a la audiencia y a los argumentos de Fiscalía y defensa.
