Ciudad de México, 10 de agosto de 2026.- La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red de “huachicol fiscal” vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, suma ya nueve personas detenidas, luego de la captura de una mujer identificada como Guadalupe “N”, apoderada legal de la empresa Ingemar.
De acuerdo con información difundida por la FGR, Guadalupe “N” fue detenida en la Ciudad de México y es investigada por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada. Posteriormente, la Fiscalía obtuvo que permaneciera bajo prisión preventiva, mientras continúa el proceso judicial.
La empresa Ingemar tiene como socio mayoritario a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien se encuentra involucrado en la investigación federal por una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Investigación Se Originó Por 33 Ferrotanques
La indagatoria de la FGR se remonta a julio de 2025, cuando fueron localizados 33 ferrotanques abandonados en las inmediaciones de Ramos Arizpe, Coahuila.
Las autoridades realizaron análisis a muestras del contenido de los vagones y confirmaron la presencia de hidrocarburos, lo que llevó a profundizar las investigaciones sobre la procedencia y destino del combustible.
A partir de esa investigación, las autoridades federales han identificado una presunta estructura relacionada con la introducción irregular de combustibles al país, bajo un esquema conocido como huachicol fiscal.
A diferencia del robo tradicional de combustible mediante la perforación de ductos, el huachicol fiscal está relacionado con el contrabando y la evasión de impuestos mediante operaciones de importación que presuntamente ocultan la verdadera naturaleza de los hidrocarburos.
Nueve Personas Bajo Investigación
Con la captura de Guadalupe “N”, el número de personas detenidas dentro de este expediente ascendió a nueve. Según los reportes publicados sobre el caso, ocho de los detenidos ya habían sido vinculados a proceso.
La nueva detención representa otro avance en la investigación de la FGR, que busca determinar el nivel de participación de empresarios, operadores y representantes de compañías presuntamente involucradas en la estructura.
El caso coloca nuevamente al huachicol fiscal en el centro de las investigaciones federales contra redes dedicadas al contrabando de hidrocarburos, mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades individuales y determinar el alcance financiero de las operaciones.
La situación jurídica de las personas detenidas deberá definirse conforme avance el proceso judicial y se desahoguen las pruebas presentadas por la Fiscalía.
