La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó una reforma que exenta a las Fuerzas Armadas y a las empresas públicas del Estado, como Pemex y CFE, de trámites y de la obligación de transparentar las obras públicas a su cargo, cuando se trate de proyectos «prioritarios» o «estratégicos».
La iniciativa fue avalada con 355 votos a favor de Morena, sus aliados y MC -a excepción del jalisciense Hugo Manuel Luna, quien votó en abstención- y 98 votos en contra de PAN y PRI.
Los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas también eliminan la obligación de aplicar la ley a estas instituciones y establece que ya no será requisito celebrar convenios cuando se incremente el monto o el plazo de un contrato en más del 25 por ciento.
Ahora, se eleva de 25 a 50 el porcentaje que los contratistas pueden solicitar como ajuste a los costos indirectos y de financiamiento a las dependencias o entidades que los contraten.
El proyecto, que fue enviado al Senado, introduce nuevos mecanismos de contratación que permiten la negociación y el intercambio de información durante los procesos de adjudicación.
Entre ellos, las «ofertas subsecuentes de descuento», que permiten a contratistas reducir sus ofertas después de presentar su propuesta inicial y los «diálogos estratégicos», a través del cual autoridades y contratistas podrán discutir necesidades, objetivos y expectativas técnicas de los proyectos.
Mientras que Morena aseguró que con la reforma a la Ley de Obras Públicas se fortalecen los mecanismos de transparencia de la contratación pública, la Oposición criticó que la Sedena, Pemex y CFE queden exentos de la nueva reglamentación y que mediante las nuevas figuras de contratación se favorezca la corrupción, discrecionalidad y clientelismo a empresas cercanas al oficialismo.
Héctor Saúl Téllez, del PAN, apuntó que las nuevas figuras de contratación incluidas en la ley, como la licitación con estrategia de negociación, contratación consolidada, diálogo competitivo o estratégico, fortalecen la discrecionalidad.
«Lo que va a pasar es esto: la Presidenta acaba de anunciar que se van a construir siete hospitales en el País y lo va a hacer a través de un convenio con la Sedena, a estas construcciones de estos siete hospitales no les va a aplicar la Ley de Obras Públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que personas como los amigos de los hijos del (ex) Presidente López Obrador van a ser los ganones en los contratos públicos», denunció.
El priista Arturo Yáñez aseguró que la reforma no busca fortalecer el sistema de contratación de obra, sino proteger la adjudicación directa y fomentar la corrupción e institucionalizar el amiguismo, además de vulnerar los mecanismos de vigilancia.
La Sedena recibirá entre 2025 y 2026 más de 236 mil millones de pesos para la administración y operación de proyectos estratégicos, según se informó ayer en los PreCriterios Generales de Política Económica. El 96 por ciento de esos recursos serán para el desarrollo de trenes de carga y de pasajeros.
