✍️ Roberto Santos
La violencia que padecen las mujeres en México ha terminado por convertirse en el retrato de un país.
La búsqueda de Caroline Ramos Mojica, una niña de apenas tres años desaparecida en Iguala, y el asesinato a balazos de la doctora Nadia Vehurini Matadama Díaz, en Chilpancingo, pertenecen a hechos distintos, pero forman parte de una misma realidad: la violencia se ha instalado en la vida cotidiana y el Estado sigue teniendo enormes dificultades para contenerla.
Caroline desapareció el 25 de septiembre de 2025. Sin embargo, la denuncia fue presentada hasta el 19 de agosto de 2026, casi once meses después.
Cualquiera puede presentarse: ¿cómo puede desaparecer una niña de tres años durante casi un año sin que su paradero sea esclarecida?
La misma interrogante podría formularse por Yenisbeth De Jesús Guillén, de 44 años, y su hija Michelle Rosario Ramírez De Jesús, de 15, quienes desaparecieron el 5 de agosto después de salir de Ometepec rumbo a Acapulco para acudir a una cita médica.
Su último contacto con la familia ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en las calles de Acapulco, cuando ya se dirigían a su cita.
No son solamente nombres en fichas de búsqueda. Son personas que tenían una vida, una familia, rutinas, proyectos y vínculos.
En sociedades atravesadas históricamente por relaciones desiguales entre hombres y mujeres, el cuerpo femenino ha sido convertido en un territorio sobre el cual otros pretenden ejercer control.
Controlar a una mujer, decidir sobre su movilidad, su sexualidad, sus relaciones o incluso sobre su vida, es una expresión extrema de poder.
La desaparición constituye una de las formas más radicales de ese dominio: quitarle a una persona su presencia, su libertad y su capacidad de decidir sobre su propia existencia.
Por eso las desapariciones de mujeres y niñas no pueden analizarse solamente como expedientes criminales.
En muchos casos están atravesadas por violencia de género, violencia sexual, relaciones de poder, trata, explotación y violencia familiar.
El crimen organizado puede convertir los cuerpos en mercancía, utilizar a las mujeres como instrumentos de control o someterlas a explotación sexual o laboral.
La desaparición puede ser entonces el mecanismo mediante el cual una persona es arrancada de su entorno y colocada dentro de una cadena criminal.
Si a esto le suma la impunidad, el problema adquiere una dimensión política.
Porque una desaparición no solamente habla del poder de quien se lleva a una persona, habla también de los límites del Estado para encontrarla.
Después de la desaparición comienza otra batalla: la denuncia, la búsqueda inmediata, la investigación, el seguimiento de pistas, la coordinación entre corporaciones, el análisis de cámaras, teléfonos, vehículos, registros, caminos y finalmente la identificación de responsables.
Cuando la maquinaria institucional falla las familias terminan haciendo el trabajo que debería realizar el Estado.
Son madres, padres, hermanas e hijos quienes salen a pegar fichas, recorrer calles, buscar en hospitales, preguntar en cárceles, acudir a fiscalías y exigir que sus seres queridos no sean convertidos en una estadística.
Y mientras unas desaparecen, otras son asesinadas
El caso de Nadia Vehurini muestra la otra cara de esta violencia.
La noche del 21 de agosto, un hombre armado esperó que la víctima llegara a su domicilio en la colonia Atlitenco de Altamira, en Chilpancingo, y le disparó.
La médica recibió las balas cuando llegaba en su automóvil.
Su muerte no ocurrió en un camino aislado ni en una zona despoblada. Ocurrió prácticamente en su casa, en una ciudad donde miles de personas intentan desarrollar su vida cotidiana bajo una sensación permanente de inseguridad.
¿Qué clase de sociedad permite que esto ocurra?
Esta es quizá la pregunta que todos deberíamos hacernos.
La desaparición de una niña de tres años, la desaparición de una adolescente y su madre, y el asesinato de una médica no son acontecimientos aislados cuando ocurren dentro de un país donde miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos.
El problema no puede reducirse a decir que “es culpa del crimen organizado”. Esa explicación es insuficiente.
También existe una responsabilidad institucional cuando las investigaciones no avanzan, cuando las búsquedas se retrasan, cuando las familias deben presionar para obtener resultados y cuando la impunidad permite que quienes cometen estos delitos continúen operando.
La sociedad también tiene una parte de responsabilidad, aunque de una naturaleza distinta.
La violencia no aparece de la nada. Se alimenta de una cultura que durante años ha tolerado expresiones de machismo, control, discriminación, acoso y violencia familiar como si fueran asuntos privados.
Se reproduce cuando alguien escucha que una mujer es golpeada y decide no intervenir; cuando una adolescente desaparece y la primera explicación es que “seguramente se fue con el novio”; cuando se juzga a la víctima por su forma de vestir, sus amistades o sus horarios antes de preguntar quién pudo haberle hecho daño.
Una sociedad democrática no puede delegar toda la defensa de sus mujeres en policías, fiscales y jueces.
Es decir, la comunidad tiene un papel fundamental en la prevención: reconocer señales de violencia, acompañar a las víctimas, denunciar situaciones de riesgo, compartir responsablemente las fichas de búsqueda y, sobre todo, dejar de normalizar conductas que pueden escalar hasta formas extremas de violencia.
Sin duda, debemos preguntarnos qué clase de sociedad hemos construido cuando una niña puede desaparecer durante meses, cuando una madre y su hija salen de su comunidad y no regresan, o cuando una médica es asesinada cerca de su casa.
El Estado tiene la obligación principal de garantizar seguridad y justicia. El crimen tiene responsabilidad directa por sus actos.
Pero la sociedad tiene la obligación de no normalizar la violencia, no culpar a las víctimas y no acostumbrarse a vivir con ella.
Por eso el verdadero desafío no consiste únicamente en encontrar a quienes desaparecieron o castigar a quienes asesinaron.
Consiste en construir una sociedad donde desaparecer una persona deje de ser posible con tanta facilidad, donde la violencia de género no sea tolerada y donde la justicia llegue antes de que la ausencia se convierta en tragedia.
