Más de 130 mil personas desaparecidas. Al menos 70 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Un 99 % de impunidad. 34 personas buscadoras asesinadas o desaparecidas desde 2010. En la raíz, colusión, corrupción e indiferencia, acusan las familias buscadoras de la Ciudad de México, que buscarán amplificar su reclamo durante el Mundial 2026, un torneo de 48 países y 104 partidos que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.
De los 104 partidos 13 están programados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entre 1,500 y 2,000 millones de pesos se invertirán en movilidad para cada una de esas tres sedes, en encuentros que transcurrirán durante tres semanas. En contraste, en los últimos tres años el gobierno de México ha destinado entre 1,100 y 1,200 millones de pesos anuales a la búsqueda de personas.
Vanessa Gámez, la mamá de Ana Amelí, no ha parado en ocho meses de búsqueda desde que la joven de 19 años desapareció en el Ajusco el 12 de julio de 2025. Recuerda cómo al ver que no regresaba pasadas las 6 de la tarde, luego de haberle pedido permiso a su madre y a su padre para ir a realizar una caminata, decidió reportarla a Locatel. Ahí le dijeron que la dependencia no intervenía en acciones de búsqueda, y le recomendaron levantar el reporte presencialmente.
Esa misma noche, elementos de seguridad no les permitieron ingresar al bosque para buscarla, acusa. Con el paso del tiempo, Vanessa se ha dado cuenta de que en realidad no había nada que se los impidiera. Hoy sostiene que existe una mala, o pésima, coordinación entre las dependencias en situaciones de emergencia, y que no se sigue un protocolo de búsqueda.
“Lo que se genera es confusión y pérdida de tiempo. Una de las omisiones gravísimas que se tuvieron en nuestro proceso, lamentablemente, es que no se sigue un protocolo Alba, no se sigue un protocolo con perspectiva de género”, reclama en entrevista para un portal informativo.
La tarde en que lo cuenta, unos días antes de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer 8M, Vanessa coordina las últimas gestiones para mandar a hacer las mantas que, junto a otras familias, llevó ese día desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Zócalo capitalino, con dos mensajes que apuntan a la justa mundialista: “México, campeón mundial en desapariciones y feminicidios” y “#QueNoSeJuegueConNuestroDolor, 6 mil desaparecidos en CDMX”.
En la Ciudad de México, 4 mil 53 personas han desaparecido desde enero de 2020 hasta el 12 de marzo de 2026, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El 64 % son hombres. Las alcaldías donde más desapariciones se registran son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc; en ese periodo 235 reportes corresponden a Tlalpan.
Durante la entrevista, Vanessa muestra el mismo mensaje del hashtag que las familias quieren impulsar, pero en inglés: “#Don’tPlayWithOurPain, we need our children back (No jueguen con nuestro dolor, necesitamos a nuestros hijos de vuelta)”, y una manta grande con la leyenda “¡Ayúdanos! Podrían ser tus hijos. Seguiremos hasta encontrarles”.
Ahí, sobre un fondo rojo, están las fotos de Olin Hernando Vargas Ojeda, desaparecido el 26 de noviembre de 2024; Ana Amelí García Gamez, cuyo rastro se perdió el 12 de julio de 2025, y Luis Óscar Ayala García, de quien se dejó de saber el 16 de septiembre de 2025. Todos en la misma zona del Ajusco.
“Estamos hablando de una joven estudiante de la UNAM, de 19 años al momento de desaparecer. La verdad, para los protocolos de búsqueda, inexistentes, no hay congruencia, simple y sencillamente no los siguen y nada más están hechos en papel”, reclama la mamá de Ana Amelí.
La joven estudiaba francés en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la UNAM —recuerda su mamá—, había terminado un año completo de Biología en la Facultad de Ciencias, y estaba por hacer un nuevo examen para cambiarse a la carrera de Fisioterapia.
Vanessa asegura que en ocho meses su familia solo ha obtenido las mismas respuestas: “estamos investigando”, “tenemos personas de interés”, “no los podemos forzar ni obligar a que hablen, ellos pueden decir lo que ellos quieran”, “no podemos presionarlos”. A ella le parece absurdo, pues nadie va a hablar en esas circunstancias.
“Es un problema al que nos hemos enfrentado varias familias, porque nos hemos dado cuenta de que el Ajusco es tierra de nadie. Ellos mismos se autodenominan comuneros, locales, familias ancestrales con usos y costumbres, en donde aparentemente la justicia, la ley y las autoridades no tienen permiso de ingresar. Esto lo convierte justamente en un foco rojo, en un lugar de nadie”, sostiene.
Para ella, los hijos y familiares que han desaparecido en el Ajusco solo cometieron “a lo mejor el error, el gran pecado de ir solos”, pero en este país todos tenemos derecho de salir y regresar a casa sanos y salvos. “Es algo que las autoridades hoy nos han negado, que hoy no existe en este país. Y bien lo dice la mamá de otro niño que tenemos desaparecido: ‘nosotros les dimos el voto y ellos tendrían que haber respondido con el derecho mínimo que tenemos todos los ciudadanos”.
Ante la frustración de no tener respuestas y haber hecho casi todo —desde septiembre el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente en el caso—, y a ocho meses sin resultados, paradero ni una línea clara de investigación o indicios, la familia acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre del año pasado urgió al Estado mexicano a emprender acciones diferenciadas y urgentes.
En marzo de 2026 sigue sin haberlas. “Esto es lo que nos ha motivado y enfurecido para poder decirle al mundo, ahora que viene el Mundial, que sí tenemos una crisis de desapariciones, que sí tenemos fallas graves, estructurales, dentro de nuestro sistema de justicia, que sí las autoridades pueden estar coludidas o ser permisivas porque no hacen lo que tienen que hacer. Entonces que el mundo sepa que México está rebasado por el crimen, que no hay manera de esclarecer una desaparición”, afirma Vanessa.
“Queremos hacernos visibles para plantear una serie de demandas”
Olin Hernando Vargas Ojeda fue secuestrado el 26 de noviembre de 2024 en el Valle del Tezontle, cerro del Ajusco, en la Ciudad de México. A la 1:30 de la madrugada del día 27, su papá recibió un mensaje donde le pedían millones para recuperar a su hijo. Un contacto en la fiscalía capitalina se limitó a decirle que pusiera su denuncia en el Ministerio Público.
“Desde el primer momento nos encontramos con la policía, incluso el agrupamiento de zorros, que no nos prestaron ayuda. Hasta que hablamos al 911 llegó una unidad de la secretaría de seguridad pública. Encontramos la camioneta chocada, Hernando trató de escapar: lo sorprendieron, se echó a toda velocidad en reversa y chocó con unas piedras, y ahí de manera violenta lo secuestran”, relata su padre Fernando Vargas.
En las autoridades no encontraron empatía, orientación ni ayuda. Incluso se negaron inicialmente a recibirles la denuncia y lo hicieron hasta el 9 de diciembre. Además, se les perdió un jirón de la playera de Hernando, mientras que su computadora portátil nunca fue debidamente inspeccionada y analizada. Otras evidencias también han quedado perdidas.
“Todo esto ha sucedido a partir de que en octubre (del 2025) estuvimos en huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, fue a raíz de eso que tuvimos una reunión. De ahí tuvimos un seguimiento: van dos veces que el juez nos concede una apertura de la investigación que se vence ya el 18 de marzo. Hay pérdidas de evidencias, falta de investigación, no ha habido búsqueda en vida, lo que dice la ley no se cumple”, reclama.
La única búsqueda que se emprendió meses después, asegura, fue inútil y con recursos fuera de tiempo, sin estrategia ni técnica. Todo pese a que Ana Amelí y Luis Óscar también desaparecieron muy cerca del lugar donde se perdió el rastro de su hijo. Dos personas están en prisión preventiva por el secuestro de Olin Hernando, como responsables del teléfono desde donde se le contactó mediante una identidad suplantada.
“Hoy nos damos cuenta, con todas las familias, que todos vivimos procesos muy similares de deficiente investigación. No cuentan con las herramientas para investigar, para rastrear a los criminales, por ejemplo, la intervención telefónica se limita al teléfono común. Todo el tema de manejo de redes y demás no tienen capacidad ni tecnología para seguirlo, documentarlo, que es donde está la principal comunicación de los delincuentes en el caso de nuestro hijo”, explica.
Hernando tenía 24 años al momento de su desaparición. Es estudiante de Ingeniería en Minas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde se tramitó una suspensión de estudios. Había trabajado ya como asistente electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y también como conductor de vehículo por aplicación.
Sus papás también piensan sumarse a la protesta en el marco del Mundial 2026 por todas las fallas estructurales del gobierno, incluyendo la crisis forense, el fenómeno de la desaparición y los asesinatos de madres buscadoras. “Nosotros fuimos vecinos de Claudia Sheinbaum, nos tocó despedirla en 2024, dos meses antes de que fuera secuestrado Hernando, compartimos pared”, asegura el padre del joven.
Hoy evalúan que el tema de seguridad en el país es grave, y es lo que quieren advertir a los visitantes de más de 40 países: “Como es un evento que yo creo que le interesa al gobierno de todos los niveles, queremos hacernos visibles para plantear una serie de demandas, para que atiendan, vean lo que no está funcionando en fiscalías, en comisiones de búsqueda, y también en comisiones de atención a víctimas”.
El tema, opina, debe revisarse desde la ley hasta las autoridades que no dan resultados, para reestructurar toda la atención al fenómeno, y que las personas responsables sepan que habrá consecuencias. Sandra, la madre de Hernando, asegura que los derechos humanos a la vida y la integridad de su hijo no han sido protegidos en la misma medida que los de sus agresores. “Esto no para: sigue habiendo secuestrados y desaparecidos en el Ajusco”, advierte.
El objetivo en el contexto del Mundial 2026, subraya la mamá de Ana Amelí, será sobre todo visibilizar: “Que nuestra presidenta acepte que sí tenemos una crisis de desapariciones, y eso en qué nos beneficiaría: que el mundo sepa que es inseguro venir a México, y más en estas tres ciudades donde van a ser los partidos. ¿Cuál es nuestra exigencia? Que cuando nuestra presidenta acepte que esto es realmente una crisis donde el crimen los está rebasando, los recursos se vayan a donde se tienen que ir”, exige
