Ciudad de México.— Diego Sebastián “N”, empresario argentino señalado como presunto responsable del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde fueron asesinados el músico Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y miembros de su familia, contaba con dos investigaciones iniciadas en la Ciudad de México desde 2007.

La información fue confirmada por la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, quien explicó que ambas indagatorias corresponden a hechos ocurridos hace casi dos décadas y no están relacionadas con el multihomicidio registrado recientemente en Atizapán.

De acuerdo con la funcionaria, una de las investigaciones fue iniciada por el delito de violencia familiar, mientras que la segunda estuvo relacionada con una denuncia por amenazas en contra de una mujer adulta mayor. Ambas fueron abiertas en 2007.

“Hay dos carpetas de investigación, bueno, una averiguación previa que se identifica ya del año 2007 por violencia familiar y una más vinculada al delito de amenazas”, explicó Alcalde Luján.

El caso de Atizapán se encuentra bajo investigación de las autoridades del Estado de México, con apoyo de instituciones de seguridad de la Ciudad de México y del Gobierno federal. El detenido permanece bajo proceso por su presunta participación en el asesinato de Jonathan Meléndez, su pareja, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

La Fiscalía capitalina señaló que también mantiene comunicación con las autoridades mexiquenses para aportar información de inteligencia que pueda contribuir al esclarecimiento del caso y para identificar a posibles víctimas adicionales relacionadas con otros hechos que pudieran involucrar al detenido.

Por su parte, las autoridades mexiquenses continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y establecer plenamente la responsabilidad de los detenidos. Diego Sebastián “N” y otro hombre permanecen en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades han insistido en que las investigaciones de 2007 no deben confundirse con antecedentes directamente relacionados con el multihomicidio de Atizapán, por lo que será la investigación judicial en curso la que determine las responsabilidades correspondientes.

Culiacán, Sinaloa.— Un enfrentamiento entre elementos de seguridad federal y civiles armados dejó como saldo cuatro personas detenidas la mañana de este martes sobre la carretera internacional México 15, al norte de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas, en las inmediaciones del entronque hacia Jesús María, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban labores de vigilancia y se inició una persecución que derivó en una agresión con armas de fuego.

Los agentes repelieron el ataque y solicitaron apoyo de otras corporaciones de seguridad. Tras la persecución y el intercambio de disparos, fueron detenidos cuatro presuntos agresores, dos hombres y dos mujeres. Las autoridades reportaron que ningún elemento de seguridad resultó lesionado.

Durante el operativo también fue asegurada una camioneta Jeep, en cuyo interior fueron localizadas armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico, de acuerdo con los reportes difundidos por medios locales.

La movilización provocó presencia de elementos de distintas corporaciones en la zona, mientras se realizaron las diligencias correspondientes para asegurar el vehículo y el armamento.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos delictivos.

El enfrentamiento generó una fuerte movilización sobre uno de los principales accesos carreteros de Culiacán, aunque posteriormente la situación fue controlada por las autoridades.

Cuatro de los ediles llegaron al cargo por Movimiento Ciudadano y tres por Morena; los casos involucran investigaciones por secuestro, extorsión, robo de transporte, corrupción y otros delitos

Puebla.— La detención del presidente municipal de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, elevó a siete el número de alcaldes y exalcaldes de Puebla detenidos desde 2025, en investigaciones que involucran delitos como secuestro, extorsión, robo de transporte de carga, abuso de autoridad, delitos contra la salud y presunta delincuencia organizada.

El caso más reciente ocurrió durante el Operativo Enjambre, mediante el cual autoridades federales y estatales ejecutaron 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza. Además del alcalde, fueron detenidos su hermano Manuel “N”, la exdirectora de Seguridad Pública municipal, Abigail “N”, y otras personas presuntamente relacionadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte, extorsión y secuestro en el corredor carretero Puebla-Veracruz.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante el operativo fueron aseguradas 35 armas de fuego, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro de ellos blindados—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

Siete alcaldes bajo investigación

El caso de Rodríguez Ochoa se suma a una serie de detenciones de presidentes municipales poblanos ocurridas durante el actual periodo de gobierno.

Entre los casos reportados se encuentran los de Uruviel González Vieyra, Giovanni González Vieyra y Ramiro González Vieyra, vinculados a investigaciones por presuntos delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero, posesión de armas y delitos contra la salud.

También fueron detenidos Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco; Gerardo Cortés Caballero, de Cuautempan, y Juan Pérez Moral, de San Juan Tianguismanalco. Los expedientes corresponden a investigaciones diferentes y las acusaciones incluyen, según cada caso, presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho, secuestro, extorsión, delincuencia organizada y delitos sexuales.

En términos políticos, el recuento difundido este martes señala que cuatro de los siete alcaldes llegaron al cargo por Movimiento Ciudadano y tres por Morena.

Preocupación por posibles redes de protección

Las detenciones han puesto bajo atención la posible existencia de redes de protección dentro de gobiernos municipales y corporaciones de seguridad pública.

En el caso de Esperanza, las autoridades investigan presuntos vínculos entre funcionarios municipales y una célula dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.

Paralelamente, autoridades estatales y federales han detenido a directores de Seguridad Pública de otros municipios de Puebla, en investigaciones relacionadas con presunta protección a actividades delictivas.

Sin embargo, las investigaciones corresponden a expedientes distintos y las responsabilidades penales deberán ser determinadas por las autoridades judiciales. Por ello, los señalamientos de vínculos con organizaciones criminales deben considerarse presuntos mientras continúan los procesos legales.

Un alcalde permanece prófugo

A los siete presidentes municipales detenidos se suma el caso de Alfredo Ramírez Hernández, alcalde de Ahuazotepec, quien permanece prófugo y es buscado por las autoridades.

El panorama ha colocado a Puebla bajo especial atención en materia de seguridad municipal, particularmente en regiones donde convergen rutas utilizadas para el transporte de mercancías y zonas con presencia de organizaciones delictivas.

Las autoridades federales y estatales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las posibles redes de complicidad y protección que pudieran existir alrededor de funcionarios municipales.

*La Fiscalía informó que el inmueble contenía expedientes de personal naval, listas de aduanas marítimas y documentación de seguridad nacional

Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) cateó una bodega en la Ciudad de México presuntamente arrendada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, investigado por su probable participación en una red de contrabando de hidrocarburos conocido como huachicol fiscal.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas que no contaban con el registro correspondiente, objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Secretaría de Marina, así como documentación clasificada como reservada y confidencial por razones de seguridad nacional, informó la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

En un videomensaje, Godoy señaló que el hallazgo forma parte de las investigaciones relacionadas con el aseguramiento, en 2025, de un buque en Puerto Altamira, Tamaulipas, que transportaba alrededor de 10 millones de litros de diésel. De acuerdo con la Fiscalía, ese caso permitió identificar una estructura dedicada presuntamente a la importación, traslado, almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos.

Señalan influencia en aduanas y Marina

La FGR sostiene que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, identificados en la investigación como Los Primos, habrían tenido un papel relevante dentro de la estructura.

Según la Fiscalía, los hermanos y otros integrantes de la presunta organización habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal en aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina.

Godoy afirmó que Manuel Roberto Farías Laguna gestionaba directamente algunos de esos nombramientos y promociones, lo que, de acuerdo con la hipótesis ministerial, habría permitido consolidar una red de complicidades para facilitar las operaciones de contrabando de combustible.

La Fiscalía sostiene que, una vez establecida esa estructura, los integrantes de la presunta red habrían repetido las operaciones para introducir hidrocarburos al país de manera irregular.

Documentación bajo investigación

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de documentación relacionada con las aduanas marítimas y expedientes de integrantes de la institución naval.

La FGR indicó que parte de los documentos estaba clasificada como reservada o confidencial. También fueron localizadas armas sin el registro correspondiente y diversos objetos de lujo.

La autoridad deberá determinar el origen, contenido y posible utilización de dicha documentación, así como establecer si existe alguna relación entre los archivos encontrados y las operaciones investigadas.

Investigación continúa

El caso forma parte de una investigación más amplia contra una presunta red de contrabando de combustibles en la que han sido señalados empresarios, funcionarios y elementos en activo y retirados de la Secretaría de Marina.

La Fiscalía ha presentado los señalamientos contra los hermanos Farías Laguna como parte de una hipótesis que continúa siendo analizada por las autoridades judiciales. Por ello, las acusaciones deberán ser acreditadas mediante las pruebas correspondientes y las resoluciones de los tribunales.

En tanto, el aseguramiento de la bodega y de la documentación forma parte de las diligencias mediante las cuales la FGR busca establecer la estructura, funcionamiento y alcance de la presunta red de huachicol fiscal.

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2026.- Los resultados de la prueba PISA 2025 muestran que México mantiene importantes desafíos en el aprendizaje de estudiantes de 15 años, particularmente en matemáticas, donde siete de cada 10 alumnos evaluados no alcanzaron el nivel mínimo de competencia establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con los resultados publicados por la OCDE, únicamente 30 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el Nivel 2 de desempeño en matemáticas, considerado el umbral básico para demostrar que un alumno puede aplicar conocimientos matemáticos elementales a situaciones sencillas de la vida cotidiana.

México obtuvo 388 puntos en matemáticas, resultado inferior al promedio de los países integrantes de la OCDE, que fue de 463 puntos. El desempeño también representa una disminución respecto de los 395 puntos obtenidos por México en la edición de 2022.

En lectura, alrededor de la mitad de los estudiantes mexicanos alcanzó el Nivel 2 o superior, mientras que en ciencias la proporción fue también cercana a 50 por ciento. En ambos casos, los resultados se ubicaron por debajo de los promedios registrados entre los países de la OCDE.

Otro de los datos que destaca en la evaluación es la reducida proporción de estudiantes mexicanos que alcanza los niveles más altos de desempeño. En matemáticas, prácticamente ninguno de los alumnos evaluados llegó a los niveles 5 o 6, que corresponden a las competencias más avanzadas.

La OCDE señala que los resultados deben analizarse considerando las características y evolución de los sistemas educativos de cada país. En el caso de México, el organismo advierte que la expansión de la educación secundaria y la incorporación de estudiantes provenientes de sectores anteriormente marginados también pueden influir en los resultados promedio.

PISA, cuyo nombre corresponde al Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, mide cada tres años los conocimientos y habilidades de jóvenes de 15 años en áreas como matemáticas, lectura y ciencias. La edición 2025 contó con la participación de más de 760 mil estudiantes de 91 países y economías.

Los resultados colocan nuevamente sobre la mesa el reto de mejorar los aprendizajes fundamentales en México. Más que representar por sí solos una evaluación integral de todo el sistema educativo, los datos de PISA constituyen un indicador internacional que permite comparar el desempeño de los estudiantes y detectar áreas que requieren atención.

El desempeño registrado en 2025 plantea, por tanto, desafíos para las autoridades educativas, escuelas, docentes y comunidades escolares, particularmente en el fortalecimiento de las habilidades matemáticas, científicas y de comprensión lectora de los estudiantes.