Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido detenidos 111 funcionarios públicos presuntamente vinculados con estructuras criminales, como parte del Operativo Enjambre y de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Durante la presentación de resultados de seguridad en Palacio Nacional, Harfuch detalló que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 también fueron detenidas 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto.

El funcionario señaló que entre los servidores públicos detenidos se encuentran presidentes municipales de diferentes entidades. Las acciones forman parte del Operativo Enjambre, inicialmente desplegado en el Estado de México y posteriormente extendido a otras regiones del país para combatir redes de protección institucional y presuntos vínculos entre autoridades y grupos delictivos.

Harfuch sostuvo que la estrategia responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener una política de “cero tolerancia a la corrupción y de cero impunidad”, independientemente del cargo o afiliación política de los involucrados.

Más de 34 mil armas aseguradas

Como parte del balance presentado, el titular de la SSPC informó que en el mismo periodo las autoridades han asegurado 34 mil 353 armas de fuego.

De acuerdo con el funcionario, alrededor del 80 por ciento de esas armas provienen de Estados Unidos, mientras que 61 por ciento corresponde a armas largas.

También reportó decomisos importantes de drogas y acciones contra la infraestructura financiera y operativa de las organizaciones criminales.

Harfuch destacó que los resultados son producto de la coordinación entre instituciones federales y estatales, aunque advirtió que los avances no deben interpretarse como una tarea concluida y que es necesario mantener los esfuerzos para reducir la violencia.

FGR investiga a exsecretario de Economía de Sinaloa

En otro frente relacionado con Sinaloa, García Harfuch confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, quien fue secretario de Economía durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

La investigación se conoció después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara el bloqueo de las cuentas bancarias de Velarde, así como de las de su socio comercial, Jorge Armando Lizárraga Angulo, y de empresas relacionadas con ambos.

De acuerdo con la información difundida, la UIF presentó una denuncia ante la FGR y la investigación federal se encuentra en curso.

Al ser cuestionado sobre el caso durante la conferencia matutina, Harfuch explicó que se trata de una investigación independiente de otros asuntos relacionados con la situación de seguridad en Sinaloa y señaló que corresponderá a la FGR proporcionar mayores detalles conforme avancen las diligencias.

El caso está relacionado con una desaparición

El caso adquiere relevancia porque Velarde Cárdenas fue socio de un establecimiento nocturno en Mazatlán relacionado con la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de 21 años cuyo paradero se desconoce desde hace casi un año.

La UIF incluyó al exfuncionario en su lista de personas bloqueadas, aunque las autoridades no han hecho públicos todos los elementos que sustentan la investigación financiera.

La existencia de una investigación de la FGR no implica que Velarde Cárdenas haya sido declarado culpable de algún delito. Será la autoridad ministerial la que determine si existen elementos suficientes para ejercer acciones legales.

El caso se suma a las investigaciones que distintas autoridades federales mantienen abiertas en Sinaloa, entidad donde el Gobierno federal ha intensificado los operativos contra organizaciones criminales y sus redes financieras.

En paralelo, las fuerzas federales han reportado importantes decomisos de drogas y armas en el estado. Entre las operaciones recientes destaca el desmantelamiento de un complejo clandestino de producción de metanfetamina, donde fueron aseguradas más de 16 toneladas de esa droga en distintas etapas de elaboración.

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.- El Gobierno de México apuesta por incrementar la recaudación fiscal durante 2027 mediante una mayor fiscalización y el combate a la evasión, sin crear nuevos impuestos, como parte del Paquete Económico presentado ante el Congreso de la Unión.

La propuesta, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR), controles más estrictos sobre deducciones y pérdidas fiscales, así como medidas para combatir el uso de facturas falsas y el llamado “huachicol fiscal”.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno federal, los ingresos tributarios alcanzarían alrededor de 6.2 billones de pesos en 2027, lo que representaría un crecimiento real de 5.9 por ciento respecto al cierre estimado de 2026.

El aumento estaría impulsado principalmente por una mayor recaudación del ISR, que se estima crecerá 7.2 por ciento, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con un incremento proyectado de 10.5 por ciento. Los ingresos tributarios representarían aproximadamente 15.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Más fiscalización a empresas

Uno de los principales componentes de la estrategia fiscal será reforzar la vigilancia sobre empresas que recurren a esquemas para reducir artificialmente el pago de impuestos.

El Gobierno plantea mecanismos para controlar las deducciones y pérdidas fiscales, particularmente en casos de compañías que reportan pérdidas de manera reiterada o utilizan comprobantes fiscales de operaciones inexistentes.

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó que desde 2024 el organismo ha bloqueado a más de 38 mil empresas relacionadas con operaciones ficticias y ha realizado cerca de 2 mil auditorías a contribuyentes que adquirieron esos comprobantes.

La estrategia también contempla fortalecer la trazabilidad de la gasolina y el diésel a lo largo de la cadena de suministro, con el objetivo de combatir el contrabando y la evasión fiscal relacionada con los combustibles.

Sin nuevos impuestos

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni un incremento generalizado en los precios de los combustibles.

La apuesta del Gobierno es aumentar los ingresos mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales, una mayor base de contribuyentes y modificaciones a las disposiciones existentes.

“Lo que hay son medidas para evitar la evasión fiscal”, sostuvo la mandataria al explicar la propuesta, que ahora será analizada por los legisladores.

Crecimiento moderado y presión sobre las finanzas públicas

El escenario económico planteado por Hacienda contempla un crecimiento del PIB de entre 1.5 y 2.5 por ciento para 2027, una inflación estimada de 3 por ciento y un tipo de cambio de 18 pesos por dólar.

El Gobierno también prevé reducir el déficit de los Requerimientos Financieros del Sector Público a 3.9 por ciento del PIB, dentro de una estrategia de consolidación fiscal. Reuters confirmó que el proyecto presupuestario mantiene ese objetivo de déficit y el rango de crecimiento económico previsto.

En materia de gasto, el proyecto contempla recursos superiores a 1.1 billones de pesos para salud y alrededor de 1.3 billones para educación, además de una inversión física equivalente a 2.6 por ciento del PIB.

El paquete prevé recursos totales por aproximadamente 10.6 billones de pesos, de los cuales unos 9.1 billones corresponderían a ingresos presupuestarios y el resto a financiamiento.

Debate en el Congreso

El Paquete Económico 2027 abre ahora una nueva etapa de discusión en el Poder Legislativo, donde deberán analizarse tanto las modificaciones fiscales como las proyecciones de ingresos, gasto y déficit.

El principal reto para el Gobierno será incrementar la recaudación y mantener la disciplina fiscal en un contexto de crecimiento económico moderado, sin recurrir a una reforma tributaria de mayor alcance.

La propuesta deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso antes de que concluya el periodo legislativo correspondiente.

CULIACÁN, Sin., 9 de septiembre de 2026.- Una nueva jornada de violencia se registró la noche del martes en distintos sectores de Culiacán, donde fueron reportadas detonaciones de arma de fuego, robo de vehículos, ataques y automóviles incendiados, lo que provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los primeros reportes comenzaron alrededor de las 19:30 horas del martes 8 de septiembre y fueron atendidos por el Grupo Interinstitucional, integrado por corporaciones estatales y federales.

Entre los hechos confirmados por las autoridades se encuentran detonaciones de arma de fuego en la zona de avenida Patria y México 68, un automóvil incendiado en la colonia Chapultepec y disparos registrados en la zona de Gustavo Díaz Ordaz, luego del robo de un vehículo.

Medios locales también reportaron otros incidentes durante la noche, entre ellos agresiones en diferentes sectores de la ciudad, por lo que la movilización de elementos de seguridad se extendió a distintos puntos de la capital sinaloense. La Jornada señaló que fueron reportados al menos nueve hechos violentos casi de manera simultánea.

En la colonia Chapultepec, además, se informó sobre el ataque contra una residencia y el incendio de un automóvil que habría sido utilizado para impactar contra el acceso del inmueble. De manera simultánea se reportaron agresiones en la zona de Colinas de San Miguel.

Ante la situación, las autoridades solicitaron a la población evitar las zonas donde se registraban los hechos y mantenerse informada exclusivamente mediante los canales oficiales.

Horas después, la Secretaría de Seguridad Pública informó que la situación se encontraba bajo control y que continuaban los recorridos de vigilancia en los sectores donde se habían registrado los incidentes. Hasta ese momento, no se habían recibido nuevos reportes de emergencia relacionados con esos hechos.

La jornada ocurre en un contexto de persistente violencia en Sinaloa. Apenas el martes, elementos federales fueron agredidos durante labores de seguridad en la carretera federal México 15, en Culiacán. La agresión fue repelida y cuatro personas fueron detenidas; las autoridades aseguraron armas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo.

Los hechos de las últimas horas mantienen la atención sobre la situación de seguridad en Culiacán, mientras las autoridades continúan con los operativos y las investigaciones correspondientes.

Ciudad de México.— Diego Sebastián “N”, empresario argentino señalado como presunto responsable del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde fueron asesinados el músico Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y miembros de su familia, contaba con dos investigaciones iniciadas en la Ciudad de México desde 2007.

La información fue confirmada por la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, quien explicó que ambas indagatorias corresponden a hechos ocurridos hace casi dos décadas y no están relacionadas con el multihomicidio registrado recientemente en Atizapán.

De acuerdo con la funcionaria, una de las investigaciones fue iniciada por el delito de violencia familiar, mientras que la segunda estuvo relacionada con una denuncia por amenazas en contra de una mujer adulta mayor. Ambas fueron abiertas en 2007.

“Hay dos carpetas de investigación, bueno, una averiguación previa que se identifica ya del año 2007 por violencia familiar y una más vinculada al delito de amenazas”, explicó Alcalde Luján.

El caso de Atizapán se encuentra bajo investigación de las autoridades del Estado de México, con apoyo de instituciones de seguridad de la Ciudad de México y del Gobierno federal. El detenido permanece bajo proceso por su presunta participación en el asesinato de Jonathan Meléndez, su pareja, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

La Fiscalía capitalina señaló que también mantiene comunicación con las autoridades mexiquenses para aportar información de inteligencia que pueda contribuir al esclarecimiento del caso y para identificar a posibles víctimas adicionales relacionadas con otros hechos que pudieran involucrar al detenido.

Por su parte, las autoridades mexiquenses continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y establecer plenamente la responsabilidad de los detenidos. Diego Sebastián “N” y otro hombre permanecen en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades han insistido en que las investigaciones de 2007 no deben confundirse con antecedentes directamente relacionados con el multihomicidio de Atizapán, por lo que será la investigación judicial en curso la que determine las responsabilidades correspondientes.

Culiacán, Sinaloa.— Un enfrentamiento entre elementos de seguridad federal y civiles armados dejó como saldo cuatro personas detenidas la mañana de este martes sobre la carretera internacional México 15, al norte de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas, en las inmediaciones del entronque hacia Jesús María, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban labores de vigilancia y se inició una persecución que derivó en una agresión con armas de fuego.

Los agentes repelieron el ataque y solicitaron apoyo de otras corporaciones de seguridad. Tras la persecución y el intercambio de disparos, fueron detenidos cuatro presuntos agresores, dos hombres y dos mujeres. Las autoridades reportaron que ningún elemento de seguridad resultó lesionado.

Durante el operativo también fue asegurada una camioneta Jeep, en cuyo interior fueron localizadas armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico, de acuerdo con los reportes difundidos por medios locales.

La movilización provocó presencia de elementos de distintas corporaciones en la zona, mientras se realizaron las diligencias correspondientes para asegurar el vehículo y el armamento.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos delictivos.

El enfrentamiento generó una fuerte movilización sobre uno de los principales accesos carreteros de Culiacán, aunque posteriormente la situación fue controlada por las autoridades.

Cuatro de los ediles llegaron al cargo por Movimiento Ciudadano y tres por Morena; los casos involucran investigaciones por secuestro, extorsión, robo de transporte, corrupción y otros delitos

Puebla.— La detención del presidente municipal de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, elevó a siete el número de alcaldes y exalcaldes de Puebla detenidos desde 2025, en investigaciones que involucran delitos como secuestro, extorsión, robo de transporte de carga, abuso de autoridad, delitos contra la salud y presunta delincuencia organizada.

El caso más reciente ocurrió durante el Operativo Enjambre, mediante el cual autoridades federales y estatales ejecutaron 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza. Además del alcalde, fueron detenidos su hermano Manuel “N”, la exdirectora de Seguridad Pública municipal, Abigail “N”, y otras personas presuntamente relacionadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte, extorsión y secuestro en el corredor carretero Puebla-Veracruz.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante el operativo fueron aseguradas 35 armas de fuego, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro de ellos blindados—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

Siete alcaldes bajo investigación

El caso de Rodríguez Ochoa se suma a una serie de detenciones de presidentes municipales poblanos ocurridas durante el actual periodo de gobierno.

Entre los casos reportados se encuentran los de Uruviel González Vieyra, Giovanni González Vieyra y Ramiro González Vieyra, vinculados a investigaciones por presuntos delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero, posesión de armas y delitos contra la salud.

También fueron detenidos Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco; Gerardo Cortés Caballero, de Cuautempan, y Juan Pérez Moral, de San Juan Tianguismanalco. Los expedientes corresponden a investigaciones diferentes y las acusaciones incluyen, según cada caso, presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho, secuestro, extorsión, delincuencia organizada y delitos sexuales.

En términos políticos, el recuento difundido este martes señala que cuatro de los siete alcaldes llegaron al cargo por Movimiento Ciudadano y tres por Morena.

Preocupación por posibles redes de protección

Las detenciones han puesto bajo atención la posible existencia de redes de protección dentro de gobiernos municipales y corporaciones de seguridad pública.

En el caso de Esperanza, las autoridades investigan presuntos vínculos entre funcionarios municipales y una célula dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.

Paralelamente, autoridades estatales y federales han detenido a directores de Seguridad Pública de otros municipios de Puebla, en investigaciones relacionadas con presunta protección a actividades delictivas.

Sin embargo, las investigaciones corresponden a expedientes distintos y las responsabilidades penales deberán ser determinadas por las autoridades judiciales. Por ello, los señalamientos de vínculos con organizaciones criminales deben considerarse presuntos mientras continúan los procesos legales.

Un alcalde permanece prófugo

A los siete presidentes municipales detenidos se suma el caso de Alfredo Ramírez Hernández, alcalde de Ahuazotepec, quien permanece prófugo y es buscado por las autoridades.

El panorama ha colocado a Puebla bajo especial atención en materia de seguridad municipal, particularmente en regiones donde convergen rutas utilizadas para el transporte de mercancías y zonas con presencia de organizaciones delictivas.

Las autoridades federales y estatales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las posibles redes de complicidad y protección que pudieran existir alrededor de funcionarios municipales.