*Exfuncionarias del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero declararon ante la FGR sobre los videos de la noche de Iguala; ambas estuvieron relacionadas con la investigación por la desaparición de esas evidencias

Ciudad de México.—Las declaraciones de dos testigos colaboradoras de la Fiscalía General de la República (FGR) que fueron presentadas durante la audiencia de imputación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, colocaron nuevamente en el centro de la investigación por Ayotzinapa el manejo y presunta desaparición de los videos captados la noche del 26 de septiembre de 2014.
Un punto que debe quedar claramente establecido es que las dos mujeres que rindieron estos testimonios no son familiares de ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Se trata de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exfuncionaria y visitadora relacionada con el Poder Judicial estatal durante el periodo en que ocurrieron los hechos.
Ambas tuvieron conocimiento directo de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, uno de los elementos que la Fiscalía considera relevantes para reconstruir lo ocurrido aquella noche.

Testimonios Sobre Los Videos
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, la FGR presentó declaraciones en las que se señala que Aguirre Rivero habría tenido conocimiento de la existencia de las grabaciones y habría expresado preocupación por lo que éstas pudieran revelar.
De acuerdo con el testimonio atribuido a Blanca Estrada, el 29 de septiembre de 2014, tres días después de la desaparición de los estudiantes, Aguirre le habría preguntado si había visto las imágenes y si existían copias adicionales de las grabaciones.
Según la versión presentada por la Fiscalía, en aquella conversación el entonces gobernador habría manifestado preocupación porque su sobrino, Ernesto Aguirre Gutiérrez, supuestamente estaba al tanto de lo ocurrido.
La testigo también habría declarado que las órdenes de Aguirre y de su sobrino eran obedecidas por funcionarios de la administración estatal.
La FGR sostiene que, a partir de estos testimonios, el exgobernador habría ordenado a funcionarios estatales desaparecer u ocultar evidencias relacionadas con los hechos de Iguala.

¿Quiénes Son Las Testigos?
Lambertina Galeana Marínencabezó el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero durante el periodo en que ocurrieron los ataques contra los normalistas. Su nombre apareció posteriormente en investigaciones relacionadas con la desaparición de los videos del Palacio de Justicia.
Galeana fue detenida en 2025 por su presunta participación en hechos relacionados con esas grabaciones y posteriormente obtuvo prisión domiciliaria debido a su edad y condiciones particulares del proceso.
Por su parte, Blanca María del Rocío Estrada Ortegatambién fue detenida en 2026 dentro de las investigaciones relacionadas con la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos.
Posteriormente, ambas aparecen como colaboradoras de la FGR en la investigación que ahora involucra al exgobernador Ángel Aguirre.
Este antecedente es relevante porque permite entender que sus declaraciones no provienen de familiares de las víctimas ni de integrantes del movimiento de padres de los 43, sino de exfuncionarias que estuvieron relacionadas con las instituciones que tuvieron acceso a las evidencias audiovisuales.

Ernesto Aguirre, El Otro Nombre Que Aparece
Otro de los nombres mencionados durante la audiencia es el de Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino del exgobernador.
Durante la administración de su tío ocupó el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Guerrero y posteriormente se desempeñó como asesor externo.
Su nombre ha aparecido previamente en investigaciones y reportes relacionados con el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, las acusaciones expuestas durante la audiencia deben distinguirse de hechos judicialmente acreditados. Que un testigo declare ante la FGR que Ernesto Aguirre tenía presuntos vínculos con un grupo criminal no significa que esa pertenencia haya quedado establecida mediante una sentencia.
Lo mismo ocurre con los señalamientos formulados contra el exgobernador.

Los Señalamientos Contra Aguirre
La Fiscalía también presentó declaraciones atribuidas a Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como uno de los dirigentes de Guerreros Unidos, quien habría señalado que esa organización aportó recursos a la campaña de Aguirre Rivero.
Asimismo, la FGR sostuvo que Aguirre tenía conocimiento de la presencia y operación de diferentes grupos criminales en Guerrero y que habría pasado por alto los antecedentes de José Luis Abarca, entonces presidente municipal de Iguala.
Según los elementos expuestos por la Fiscalía, el exgobernador habría tenido conocimiento de las circunstancias que rodearon los hechos y posteriormente habría intervenido para evitar que determinadas evidencias fueran conocidas.

No Son Familiares: Un Dato Que Debe Precisarse
La identificación de Galeana Marín y Estrada Ortega adquiere especial importancia frente a versiones que pudieran presentar a las declarantes como familiares de los estudiantes desaparecidos.
No existe evidencia pública confiable de que alguna de ellas sea madre, hermana, esposa u otro familiar de cualquiera de los 43 normalistas.
Su relación con el caso es distinta: eran funcionarias públicas vinculadas al Poder Judicial de Guerrero y tuvieron conocimiento de las grabaciones obtenidas en el Palacio de Justicia de Iguala.
Precisamente por ello, sus declaraciones son utilizadas ahora por la FGR como parte de los elementos con los que busca acreditar la presunta responsabilidad de Aguirre Rivero en delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia.

Un Caso Que Vuelve A Abrir La Herida De Iguala
A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, la imputación contra Ángel Aguirre vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de funcionarios estatales durante y después de la noche del 26 de septiembre de 2014.
La existencia, manejo y posterior desaparición de los videos del Palacio de Justicia constituye uno de los puntos centrales de esta nueva etapa de la investigación.
Por ahora, los señalamientos contra Aguirre Rivero forman parte de una acusación de la Fiscalía y deberán ser sometidos al proceso judicial correspondiente.
Lo que sí queda establecido con la información conocida hasta ahora es que las dos mujeres cuyos testimonios fueron utilizados por la FGR para involucrar al exgobernador no son familiares de los 43 normalistas, sino exfuncionarias que estuvieron vinculadas directamente con una de las piezas de evidencia más controvertidas del caso Ayotzinapa: las grabaciones de lo ocurrido aquella noche en Iguala.