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Pleito entre diputados del PRI y Morena termina en empujones durante sesión de la Comisión Permanente

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*Arturo Ávila, de Morena, y Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, protagonizaron un altercado en el Senado después de intercambiar acusaciones y descalificaciones. El episodio ocurrió en medio de una creciente confrontación política entre ambos partidos por las acusaciones de “narcogobierno”, la actuación de Alejandro Moreno en Estados Unidos y el debate sobre una posible intervención extranjera.

Ciudad de México.— La confrontación política entre Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) subió de tono este miércoles 12 de agosto, cuando los diputados federales Arturo Ávila Anaya, de Morena, y Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, protagonizaron un altercado que terminó en empujones, jaloneos e insultos en las instalaciones del Senado de la República.

El incidente ocurrió en el Patio del Federalismo, donde sesionaba la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Videos difundidos posteriormente muestran a ambos legisladores intercambiando acusaciones y acercándose físicamente, hasta que otras personas intervinieron para evitar que el enfrentamiento escalara.

Aunque el episodio no llegó a convertirse en una pelea a golpes generalizada, sí hubo contacto físico entre los legisladores y un momento de tensión que obligó a sus acompañantes a intervenir.

¿Cómo comenzó la confrontación?

El altercado se produjo en un contexto de fuertes acusaciones entre PRI y Morena.

Durante la jornada legislativa se discutieron temas relacionados con las acusaciones de “narcogobierno”, la supuesta existencia de vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, así como la polémica generada por las actividades del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en Estados Unidos.

El PRI ha defendido el derecho de Moreno a acudir a Washington para denunciar lo que considera persecución política y problemas democráticos en México.

Desde Morena, en cambio, se ha cuestionado que un dirigente partidista solicite en otro país pronunciamientos o acciones respecto de asuntos políticos mexicanos. Algunos legisladores oficialistas han calificado esa actuación como una forma de promover injerencia extranjera.

En ese ambiente se produjo el intercambio entre Ávila y Gutiérrez Mancilla.

Insultos y acusaciones personales

De acuerdo con las grabaciones y reportes de medios que presenciaron el episodio, Gutiérrez Mancilla lanzó acusaciones contra Ávila y lo señaló como presunto “vocero del narco”, mientras que el legislador morenista respondió llamándolo “porro de Alito”, en referencia a Alejandro Moreno.

El intercambio verbal continuó hasta que ambos quedaron frente a frente y comenzaron los empujones. Personas que se encontraban alrededor intervinieron para separarlos.

Posteriormente, Gutiérrez Mancilla realizó nuevos señalamientos contra Ávila y lo acusó públicamente de presuntos vínculos con actividades relacionadas con armas y organizaciones criminales. Es importante señalar que esas acusaciones forman parte del intercambio político entre ambos y no equivalen, por sí mismas, a una determinación judicial de responsabilidad.

Ávila, por su parte, ha sostenido su propia versión sobre lo ocurrido y ha señalado que el enfrentamiento se produjo en el contexto de la confrontación política con el PRI.

El trasfondo: Alito Moreno y Estados Unidos

Uno de los elementos que ayuda a entender por qué la discusión llegó a ese nivel es la disputa alrededor de Alejandro Moreno.

El dirigente priista ha viajado a Estados Unidos para exponer ante autoridades y legisladores estadounidenses sus acusaciones sobre la situación política mexicana y lo que considera una persecución contra integrantes de la oposición.

Morena ha cuestionado que un dirigente político mexicano busque apoyo o intervención de actores estadounidenses en asuntos internos.

El PRI, en contraste, argumenta que acudir a organismos y autoridades internacionales forma parte de su derecho a denunciar lo que considera violaciones a la democracia y a las libertades políticas.

La discusión sobre estos viajes fue uno de los temas que contribuyeron a elevar la tensión durante la sesión de la Comisión Permanente.

Una confrontación que va más allá de dos diputados

El episodio entre Ávila y Gutiérrez Mancilla no puede entenderse únicamente como una disputa personal.

Ambos legisladores han mantenido enfrentamientos políticos previos y sus intercambios forman parte de una confrontación más amplia entre Morena y el PRI.

En esta ocasión, el debate combinó acusaciones de corrupción, presuntos vínculos con el crimen organizado, libertad de expresión, soberanía nacional e intervención extranjera.

La intensidad del intercambio provocó incluso reacciones de otros partidos. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, lamentó el enfrentamiento y consideró preocupante que las diferencias políticas terminen trasladándose a confrontaciones físicas. El coordinador panista en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, también rechazó que la violencia sustituya al debate legislativo.

¿“Cero votos”?

Durante el intercambio también volvió a aparecer el apodo de “Cero Votos” utilizado por críticos de Arturo Ávila.

La expresión hace referencia a los cuestionamientos sobre su trayectoria electoral y su llegada a la Cámara de Diputados por la vía de representación proporcional. El término ha sido utilizado previamente en confrontaciones políticas contra el legislador.

Sin embargo, el apodo forma parte de la disputa retórica entre adversarios políticos y no constituye una descripción jurídica de su posición como diputado federal.

El problema de fondo: la polarización política

Más allá de quién inició el contacto físico o qué insultos fueron pronunciados primero, el episodio refleja un problema mayor: la creciente dificultad de los partidos para mantener sus diferencias dentro del terreno del debate político.

Las acusaciones de “narcogobierno”, “narcopartido”, traición a la patria e injerencia extranjera han elevado considerablemente el tono de la discusión entre oficialismo y oposición.

El propio PAN aprovechó el episodio para advertir sobre los riesgos de la polarización y sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante argumentos y propuestas legislativas, no mediante confrontaciones físicas.

Al mismo tiempo, sería incorrecto atribuir exclusivamente a un partido la responsabilidad por el clima de confrontación: el episodio muestra una dinámica de acusaciones cruzadas en la que participan actores tanto del oficialismo como de la oposición.

¿Habrá consecuencias?

Hasta el momento de esta publicación, el episodio ha generado condenas políticas, pero no se había informado de una sanción legislativa definitiva contra ninguno de los dos diputados.

El incidente podría, sin embargo, abrir la discusión sobre las reglas de conducta de los legisladores y sobre las posibles consecuencias cuando un debate político termina en contacto físico.

La pregunta de fondo será si el Congreso asumirá el episodio como un hecho aislado entre dos legisladores o si aprovechará el incidente para establecer límites más claros frente a las agresiones, amenazas y descalificaciones personales.

Un Congreso cada vez más confrontado

El enfrentamiento entre Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla ocurrió en un momento particularmente tenso de la política mexicana.

Mientras Morena defiende su proyecto político y cuestiona las acciones de sus adversarios, el PRI y otros partidos de oposición denuncian lo que consideran abuso de poder y persecución política.

En medio de esa disputa, el altercado del miércoles dejó una imagen difícil de ignorar: dos representantes populares que, después de intercambiar acusaciones políticas, terminaron en un forcejeo que tuvo que ser contenido por quienes se encontraban alrededor.

El episodio no resuelve ninguna de las controversias que originaron la discusión. Por el contrario, evidencia hasta qué punto el debate político mexicano atraviesa una etapa de elevada confrontación.

Fuentes: El País, MVS Noticias, La Silla Rota, Imagen Noticias, El Heraldo de México y posicionamientos públicos del PAN difundidos el 12 de agosto de 2026.

Vinculan a proceso a apoderada de Ingemar por presunto huachicol fiscal ligado a Ernesto Ruffo

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*Guadalupe “N”, representante legal de Ingemar, quedó sujeta a prisión preventiva por su probable participación en delitos de contrabando y delincuencia organizada relacionados con hidrocarburos. La empresa está vinculada a la investigación que también involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Ciudad de México.— La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos sumó un nuevo capítulo con la vinculación a proceso de Guadalupe “N”, identificada como apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Un juez federal determinó que existen elementos suficientes para que la representante legal enfrente proceso por su probable participación en contrabando y delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. También se ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa.

La resolución fue dada a conocer entre el miércoles 12 y este jueves 13 de agosto, tras la continuación de la audiencia inicial en la que la Fiscalía expuso los datos de prueba contra la imputada.

¿Quién es Guadalupe “N” y qué relación tiene con el caso?

La Fiscalía identifica a Guadalupe “N” como representante legal de Ingemar, compañía que aparece dentro de la investigación por el denominado “huachicol fiscal” ferroviario.

De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, la empresa está relacionada con Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por este mismo caso.

La FGR sostiene que la indagatoria apunta a una estructura que habría utilizado operaciones de comercio exterior y transporte ferroviario para introducir hidrocarburos al país de manera irregular.

En el caso de Guadalupe “N”, la Fiscalía la señala por su probable participación en operaciones relacionadas con la empresa y por su presunta intervención en actividades que forman parte de la estructura investigada.

La detención ocurrió días antes

Aunque la vinculación a proceso es la noticia que se conoce ahora, la detención de Guadalupe “N” no ocurrió este jueves.

La FGR informó previamente que fue localizada y detenida en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en un operativo realizado con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal.

Con esta captura, las autoridades reportaron que el número de personas detenidas dentro de la investigación ascendía a nueve.

Una investigación que también alcanza a Ernesto Ruffo

El expediente tiene como uno de sus principales protagonistas al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido en julio y posteriormente vinculado a proceso.

La investigación de la FGR se originó a partir de aseguramientos de hidrocarburos transportados mediante ferrotanques y posteriormente se amplió hacia las empresas y personas que, de acuerdo con la Fiscalía, podrían estar relacionadas con esas operaciones.

Ingemar quedó en el centro de las indagatorias debido a su relación empresarial con Ruffo y a las operaciones que las autoridades investigan.

¿Qué investiga la Fiscalía?

La hipótesis de la FGR apunta a una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos, particularmente mediante transporte ferroviario.

La Fiscalía ha señalado que analiza operaciones comerciales, financieras, fiscales, aduaneras y ferroviarias para establecer la participación individual de cada una de las personas investigadas.

Uno de los antecedentes centrales del expediente es el aseguramiento de grandes cantidades de combustible transportadas en ferrotanques, a partir del cual las autoridades comenzaron a profundizar en las empresas y personas relacionadas con dichas operaciones.

La FGR sostiene que el caso podría involucrar una estructura mucho más amplia que las personas que hasta ahora han sido detenidas.

El proceso todavía no determina culpabilidades

La vinculación a proceso no significa que Guadalupe “N” haya sido declarada culpable.

La decisión judicial establece únicamente que existen datos suficientes, en esta etapa del procedimiento, para que continúe el proceso penal y la Fiscalía pueda desarrollar su investigación.

La imputada mantiene su derecho a la defensa y a controvertir las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Lo mismo ocurre con Ernesto Ruffo Appel y las demás personas procesadas dentro del expediente: será necesario que la Fiscalía demuestre individualmente su responsabilidad en los delitos que les atribuye.

Un caso con repercusiones políticas

El expediente también tiene una dimensión política debido a la trayectoria de Ernesto Ruffo Appel, quien fue gobernador de Baja California y una figura histórica de la oposición en México.

La investigación ha generado cuestionamientos políticos y señalamientos de una posible persecución contra el exmandatario. Sin embargo, la FGR sostiene que el procedimiento responde a una investigación penal por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos y no a su trayectoria política.

Por ahora, el aspecto central del caso permanece en los tribunales: determinar si las pruebas reunidas por la Fiscalía acreditan la existencia de una estructura organizada dedicada al contrabando de combustible y, posteriormente, establecer la responsabilidad individual de cada uno de los acusados.

Lo nuevo de este jueves

La novedad que marca la agenda de hoy, 13 de agosto, es precisamente la vinculación a proceso de la representante legal de Ingemar.

Su incorporación formal al proceso amplía el número de personas sometidas a procedimiento judicial dentro de la investigación y coloca nuevamente a la empresa en el centro de las indagatorias de la FGR.

El siguiente paso será conocer el desarrollo de la investigación complementaria y las pruebas que tanto la Fiscalía como las defensas presenten para sostener o combatir las acusaciones.

Importante: hasta este momento, la información disponible públicamente procede principalmente de reportes periodísticos sobre la audiencia; no se ha localizado el texto íntegro del auto de vinculación. Por ello, esta nota distingue entre los hechos judiciales confirmados y las hipótesis que la FGR atribuye a los investigados.

Fuentes: Fiscalía General de la República y reportes publicados el 13 de agosto de 2026 por SinEmbargo, MVS Noticias, Proceso, La Silla Rota, Político MX y otros medios que dieron seguimiento a la audiencia.

Juez vincula a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa

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*El exgobernador de Guerrero permanecerá en el penal del Altiplano; la Fiscalía sostiene que recibió y ordenó destruir material videográfico relacionado con la desaparición de los 43 normalistas. La defensa presentó 31 datos de prueba y anunció que apelará la decisión.

Ciudad de México.— Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, dentro de la investigación relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

La determinación se produjo durante la madrugada del miércoles 12 de agosto, después de una audiencia que se prolongó por más de 15 horas. El juez consideró que los datos aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes para que el proceso penal continuara.

Aguirre Rivero permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, mientras continúa el procedimiento. La Fiscalía contará con un periodo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria. La defensa, por su parte, anunció que impugnará la resolución.

La acusación de la Fiscalía

Uno de los principales elementos de la acusación está relacionado con material videográfico obtenido de cámaras de seguridad ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, esas cámaras habrían registrado acontecimientos relevantes ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron atacados y posteriormente desaparecidos.

La FGR sostiene que una funcionaria del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero habría tenido acceso a un DVD con imágenes de las cámaras y que posteriormente ese material llegó a manos de Aguirre Rivero.

Según la acusación, el entonces gobernador habría recibido el material y posteriormente habría ordenado su destrucción u ocultamiento, como parte de una operación para eliminar evidencias relacionadas con los hechos.

La Fiscalía basa parte de esta hipótesis en testimonios incorporados recientemente a la carpeta de investigación. El Ministerio Público considera que estos elementos permiten establecer, en esta etapa procesal, una probable participación del exmandatario estatal.

La defensa presentó 31 datos de prueba

La defensa de Aguirre Rivero intentó desmontar esa versión mediante 31 datos de prueba, principalmente relacionados con su ubicación y actividades el 29 de septiembre de 2014, fecha en la que, según la acusación, habría recibido el material videográfico.

Uno de los principales argumentos de sus abogados es que Aguirre se encontraba en Ciudad de México ese día y no en Guerrero.

Entre los elementos presentados se encuentran testimonios y documentación destinados a acreditar que el exgobernador viajó a la capital del país y sostuvo una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Felipe Martín Ornelas Rebollo, uno de los testigos presentados por la defensa, declaró que trasladó a Aguirre a Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014 para una reunión con Osorio Chong alrededor de las 18:00 horas, en Polanco.

La defensa sostiene que esta información contradice directamente la versión según la cual el exgobernador recibió el DVD en Guerrero.

La controversia sobre la fecha

Uno de los puntos que podrían adquirir mayor relevancia durante la apelación es precisamente la fecha en que habría ocurrido la reunión con Osorio Chong.

Mientras la defensa sostiene que Aguirre estaba en Ciudad de México el 29 de septiembre, la Fiscalía planteó una versión distinta respecto de la fecha de ese encuentro.

La discrepancia es relevante porque la acusación ubica precisamente el 29 de septiembre como el día en que el exgobernador habría recibido el material videográfico.

El juez, sin embargo, determinó que los elementos aportados por la defensa no eran suficientes para descartar en esta etapa la hipótesis de la Fiscalía.

La geolocalización también fue cuestionada

Otro de los puntos controvertidos durante la audiencia fue la utilización de información relacionada con un teléfono celular.

La defensa cuestionó la utilidad de ese elemento y sostuvo que el teléfono cuya ubicación fue utilizada por la Fiscalía no pertenecía a Aguirre Rivero, por lo que su localización no podía demostrar por sí misma que el exgobernador estuviera físicamente en Guerrero.

A pesar de los argumentos presentados por los abogados, el juez consideró que los elementos de la defensa no lograban desvirtuar la hipótesis acusatoria en el nivel de exigencia correspondiente a una audiencia de vinculación.

Vinculación no significa culpabilidad

La resolución judicial no constituye una sentencia condenatoria.

La vinculación a proceso significa que el juez encontró datos suficientes para considerar que existe una probable participación del acusado y permitir que la investigación penal continúe.

Por lo tanto, todavía deberá desarrollarse la etapa de investigación complementaria y posteriormente, en su caso, las siguientes fases del proceso penal.

La defensa mantiene su derecho a controvertir las pruebas de la Fiscalía y ya anticipó que recurrirá la determinación judicial.

¿Qué sigue para Aguirre?

Durante los próximos cuatro meses, la Fiscalía y la defensa podrán continuar incorporando elementos al expediente.

Para la FGR será fundamental fortalecer los elementos que relacionan a Aguirre con el supuesto ocultamiento o destrucción de los videos y corroborar los testimonios utilizados para sustentar su acusación.

Para la defensa, uno de los objetivos centrales será demostrar que el exgobernador se encontraba en Ciudad de México cuando presuntamente habría recibido el material y cuestionar la credibilidad y consistencia de los testimonios que lo señalan.

La apelación anunciada por sus abogados podría convertirse en el siguiente episodio jurídico relevante del caso.

Un nuevo capítulo en el caso Ayotzinapa

La vinculación de Ángel Aguirre representa uno de los acontecimientos judiciales de mayor relevancia en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes, debido a que se trata del procesamiento de quien era gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los hechos.

Los familiares de los estudiantes desaparecidos calificaron la decisión como un avance en la búsqueda de justicia, aunque han insistido en que la investigación debe alcanzar a todos los responsables.

Por ahora, el proceso se encuentra lejos de una sentencia definitiva. La principal disputa jurídica será determinar si las pruebas reunidas por la Fiscalía logran demostrar, más allá de la mera sospecha, la participación del exgobernador en el supuesto ocultamiento o destrucción de evidencias y su relación con la desaparición forzada de los estudiantes.

Fuente: Información basada en reportes de La Jornada, El País, El Sol de Chilpancingo, Infobae y otros medios que dieron cobertura a la audiencia y a los argumentos de Fiscalía y defensa.

𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢ón 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬𝐚 𝐚𝐟𝐮𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐞𝐫i𝐚:

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✍️: Daniel Salgado

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 12 de agosto del 2026.— Una fuerte movilización policíaca se registró en las inmediaciones de la 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 𝐶𝐴𝑌𝐶𝐼 𝐽𝑒𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑎𝑔𝑒𝑡, en el barrio de 𝑆𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑜, luego de que padres de familia solicitaran apoyo ante la presencia de un hombre al que señalaron por un supuesto intento de sustracción de un menor.

De acuerdo con información recabada en el lugar, algunos padres de familia intervinieron y solicitaron la presencia de las autoridades para esclarecer la situación.

El hombre se encontraba acompañado por una mujer, quien manifestó su desacuerdo con los señalamientos realizados.

Al lugar de los hechos arribó la policía para tomar conocimiento de los hechos y dialogaron con las personas involucradas. Posteriormente, realizaron una revisión preventiva en las instalaciones de la estancia infantil y sus alrededores.

Los padres de familia optaron por no realizar declaraciones ante los medios de comunicación, aunque solicitaron fortalecer la vigilancia en la zona como medida preventiva para garantizar la seguridad de los menores.

El incidente generó inquietud entre las familias, quienes consideraron importante mantener una comunicación constante con las autoridades y reforzar las medidas de prevención en los alrededores de la estancia infantil.

Pobladores de Quetzalapa toman Jurisdicción Sanitaria 06 en Ometepec y exigen salida definitiva y no regreso del médico Neftalí Hernández Ruiz

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Por Osvaldo Rendón Ríos

Ometepec, Gro. 12 de agosto de 2026.- Habitantes de la comunidad de Quetzalapa, municipio de Azoyú, protagonizaron esta mañana la toma de las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 06 de la región Costa Chica, con sede en Ometepec, para exigir la salida definitiva y no regreso del médico Neftalí Hernández Ruiz.

El conflicto se reavivó cuando los pobladores les informaron que autoridades de la secretaria de salud intentan reinstalar al médico Hernández Ruiz en el Centro de Salud de Quetzalapa, lugar del que fue removido en febrero de 2024 tras denuncias de maltrato a pacientes y falta de atención, actos que provocaron incluso en el año 2024 existió un bloqueo de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.

Alrededor de las 10:00 horas de hoy miércoles, los pobladores llegaron a las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria y colocaron cadenas y candados en las entradas principales para exigir ser atendidos por el jefe jurisdiccional Roy Moreno y pedirle que no se permita el regreso del médico cuestionado.

Minutos después arribaron Concepción Melquiades, Coordinadora de Servicios de Salud en Costa Chica, y Alfredo Panó Pérez, administrador de la jurisdicción, quienes dialogaron con los manifestantes y les solicitaron liberar las instalaciones, también les informaron que la Contraloría de la Secretaría de Salud emitió una resolución definitiva el 14 de julio de este año, donde se confirma que Neftalí Hernández Ruiz no podrá regresar a prestar servicios en el Centro de Salud de Quetzalapa, asimismo, se informó que el próximo lunes a las 11:00 horas los pobladores serán atendidos formalmente por el jefe jurisdiccional.

Cabe destacar que en febrero de 2024, la entonces titular de la Secretaría de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro, firmó una minuta mediante la cual se removió al médico Hernández Ruiz del Centro de Salud de Quetzalapa y se le designó para atender en Ometepec los fines de semana. ese mismo año, la Secretaría autorizó la incorporación de dos médicos y una enfermera al centro de salud local, además de garantizar el abasto de medicamentos para toda la población y la sustitución definitiva del médico involucrado en el conflicto, asunto que permanece bajo la supervisión del área de Contraloría.

La protesta de los habitantes de Quetzalapa refleja el rechazo persistente hacia un profesional cuya actuación generó inconformidad, al grado de movilizar bloqueos carreteros y exigencias comunitarias que continúan vigentes para asegurar una atención médica digna y respetuosa..

Dejan restos humanos y disparan al aire en la colonia la preferida de Acapulco

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Acapulco, Gro., a 12 de agosto de 2026. Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia La Preferida, luego de que hombres armados realizaran detonaciones al aire y abandonaran bolsas con restos humanos sobre la vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 17 de Noviembre, cerca de la zona conocida como La Frontera de Renacimiento. De acuerdo con reportes vecinales, sujetos armados arribaron a bordo de varios vehículos, efectuaron disparos y posteriormente dejaron bolsas negras con restos humanos, para después darse a la fuga.

Tras el reporte recibido a través del número de emergencias 911, elementos de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar y acordonaron el área para preservar la escena.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado de los restos al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios necesarios para determinar la identidad de la víctima.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y no se reportan personas detenidas por estos hechos.

FGR lleva a proceso a exgobernador de Guerrero por caso Ayotzinapa

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El exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República presentó datos de prueba sobre el presunto ocultamiento de información y la posible instrucción para ocultar videos que pudieron registrar los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala.

Tras una audiencia de casi 14 horas, un juez de control consideró que los elementos presentados eran suficientes para establecer la probabilidad de la comisión del delito y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”.

El juez otorgó un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria. El comunicado señala que Ángel “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

Megafarmacia del Bienestar eleva su costo a 17 mil 635 millones de pesos

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*La Megafarmacia sigue operando, pero su actividad actual contrasta con las expectativas generadas cuando fue presentada como una solución al desabasto de medicamentos en México

Ciudad de México.— El costo proyectado de la Megafarmacia del Bienestar aumentó a 17 mil 635 millones de pesos en 2026, un incremento de aproximadamente 6 mil 835 millones de pesos respecto al monto calculado en 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) citados por El Universal.

El nuevo monto representa un aumento cercano al 39% frente a la estimación realizada durante el primer año de operación del proyecto, impulsado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la información publicada este miércoles 12 de agosto por El Universal, la cifra actualizada contempla no solamente la inversión realizada para adquirir y acondicionar las instalaciones ubicadas en Huehuetoca, Estado de México, sino también los gastos previstos para su operación y mantenimiento durante las próximas tres décadas, correspondientes a la vida útil proyectada del inmueble.

El costo ha aumentado con el tiempo

La evolución de las estimaciones muestra un incremento considerable. En 2024, el costo calculado para el proyecto era de alrededor de 10 mil 800 millones de pesos. Para 2025, la estimación había aumentado a aproximadamente 15 mil 28 millones, mientras que para 2026 llegó a 17 mil 635 millones de pesos.

El aumento también se refleja en el costo de adquisición y puesta en operación de las instalaciones. Según los datos citados por El Universal, la cifra pasó de los aproximadamente 2 mil 700 millones de pesos mencionados durante la inauguración a una cantidad superior en las actualizaciones posteriores.

Cuestionan resultados frente al gasto

El incremento en el costo ha generado cuestionamientos entre especialistas, particularmente respecto a la relación entre los recursos destinados al proyecto y los resultados que ha obtenido.

Uno de los aspectos señalados es que la Megafarmacia no opera actualmente exactamente bajo el esquema con el que fue presentada originalmente, cuando se planteó como una gran reserva nacional de medicamentos para atender de manera rápida las solicitudes de pacientes.

Actualmente, las instalaciones funcionan principalmente como un centro de preparación de pedidos para Birmex, empresa que presta servicios de distribución de medicamentos a instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, de acuerdo con el reporte de El Universal.

Especialistas citados por el periódico también plantearon la necesidad de revisar el desempeño y los costos del proyecto. Entre las propuestas mencionadas se encuentra la realización de auditorías que permitan determinar con mayor precisión cuánto se ha invertido, cuáles son los beneficios obtenidos y si el modelo utilizado resulta eficiente para atender el abasto de medicamentos.

Un dato que requiere contexto

Aunque la cifra de 17 mil 635 millones de pesos ha sido presentada como el costo actual de la Megafarmacia, es importante precisar que no corresponde exclusivamente a dinero desembolsado hasta este momento.

El monto incluye una proyección de gastos de operación y mantenimiento para un periodo de hasta 30 años, además de la inversión relacionada con el terreno, las bodegas y su acondicionamiento. Por ello, presentar los 17 mil 635 millones como si todo ese dinero ya hubiera sido gastado podría generar una interpretación equivocada.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el costo y la utilidad de una de las obras más emblemáticas de la política de abasto de medicamentos del gobierno anterior, mientras persisten las discusiones sobre su funcionamiento y los resultados que ha generado frente a los recursos públicos comprometidos.

Fuente: El Universal, nota publicada el 12 de agosto de 2026, con información basada en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Consultar la publicación original de El Universal

Homicidios dolosos caen 51% en México en casi dos años; según Gobierno Federal

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*Según datos presentados por el Gobierno federal

Ciudad de México.— El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 51% entre septiembre de 2024 y julio de 2026, de acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno federal durante la conferencia matutina de este miércoles.

Los datos muestran que en septiembre de 2024 se registraban, en promedio, 86.9 homicidios dolosos al día, mientras que en julio de este año la cifra se ubicó en 42.5 casos diarios. Esto representa una diferencia de aproximadamente 44 homicidios menos cada día.

La reducción se registra durante los primeros 22 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien atribuyó la tendencia a la baja a la estrategia de seguridad implementada por su gobierno, que incluye acciones de inteligencia, coordinación entre instituciones, despliegues operativos y atención de las causas de la violencia.

Julio, el nivel más bajo

De acuerdo con las cifras expuestas por las autoridades, julio de 2026 registró un promedio de 42.5 homicidios dolosos diarios, convirtiéndose en el nivel mensual más bajo de la actual administración. Algunos reportes también destacan que se trata del julio con menor promedio desde 2015.

La tendencia descendente ha sido gradual. Al cierre de 2025, por ejemplo, el promedio diario se encontraba en alrededor de 52.4 homicidios, mientras que en enero de 2026 había bajado a 50.9. En febrero se ubicó en 48.8 y posteriormente continuó descendiendo hasta alcanzar los 42.5 casos registrados en julio.

Una reducción que requiere contexto

Aunque la cifra representa una disminución significativa en el indicador de homicidio doloso, especialistas y organizaciones han señalado la importancia de analizar el comportamiento de la violencia utilizando otros indicadores, además de considerar factores como las desapariciones y otros delitos relacionados con la pérdida de la vida.

Por ello, el dato del 51% debe entenderse específicamente como una comparación del promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y julio de 2026, y no como una reducción general de todos los delitos violentos en el país.

El Gobierno federal sostiene que la caída refleja resultados favorables de su estrategia de seguridad. La evolución de los próximos meses será determinante para establecer si la tendencia descendente se mantiene y si México consigue acercarse a la meta oficial de continuar reduciendo los homicidios.

Sheinbaum analiza liberar a personas por delitos menores y ampliar la capacidad penitenciaria

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Ciudad de México, 11 de agosto de 2026.— El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum analiza una estrategia para enfrentar la sobrepoblación en algunos centros penitenciarios estatales, que contempla revisar la situación jurídica de personas privadas de la libertad por delitos menores y de quienes llevan largos periodos en prisión sin recibir una sentencia.

La propuesta fue planteada este martes por la presidenta, quien explicó que también se estudia la construcción de alrededor de seis nuevos centros penitenciarios estatales, en coordinación con los gobiernos de las entidades que enfrentan mayores problemas de saturación. El proyecto se encuentra todavía en una etapa de planeación y no se han definido los recursos necesarios para su ejecución.

La medida ha generado interés porque combina dos respuestas diferentes a un mismo problema: reducir la cantidad de personas que permanecen innecesariamente en prisión y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad del sistema penitenciario.

Una revisión, no una liberación general

Uno de los aspectos que más atención ha provocado es la posibilidad de liberar a personas encarceladas por delitos menores, entre ellas quienes hayan cometido robos de menor gravedad. Sin embargo, la propuesta no significa que todas las personas procesadas o sentenciadas por este tipo de delitos vayan a quedar automáticamente en libertad.

El planteamiento consiste en revisar los expedientes y determinar qué casos pueden resolverse mediante mecanismos jurídicos existentes o mediante eventuales modificaciones legales. La situación de las personas que llevan años en prisión preventiva sin sentencia también forma parte de la revisión.

Este punto es relevante porque una persona en prisión preventiva no necesariamente ha sido declarada culpable. Por ello, agilizar procesos que llevan años sin una resolución podría contribuir a reducir la población penitenciaria sin que ello implique perdonar automáticamente delitos.

Los posibles «beneficios»

Uno de los principales argumentos del plan es que podría aliviar la saturación de los penales. Cuando las instalaciones operan por encima de su capacidad, aumentan las dificultades para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, atención y reinserción social.

Una reducción selectiva de la población penitenciaria permitiría concentrar recursos en personas acusadas o condenadas por delitos de mayor gravedad, mientras que quienes representen un menor riesgo podrían acceder, cuando legalmente corresponda, a alternativas distintas a la prisión.

Otro posible beneficio es atender el problema de las personas que permanecen durante años en prisión preventiva sin sentencia. Si existen casos en los que los procesos se han prolongado injustificadamente, una revisión podría contribuir a reducir una situación que afecta tanto a los derechos de los acusados como a la eficiencia del sistema de justicia.

También existe un argumento económico. Mantener a una persona privada de la libertad implica gastos permanentes de alimentación, vigilancia, infraestructura, atención médica y operación penitenciaria. Si determinados internos pueden cumplir medidas alternativas conforme a la ley, esos recursos podrían destinarse a mejorar las condiciones de quienes sí deben permanecer en prisión.

Los riesgos y cuestionamientos

El principal desafío será evitar que una política diseñada para descongestionar las cárceles termine generando nuevos problemas de seguridad.

No todos los delitos considerados menores tienen necesariamente el mismo impacto en las víctimas o en las comunidades. Una revisión mal diseñada podría liberar a personas que posteriormente reincidan, especialmente si no existen mecanismos adecuados de supervisión, atención social y reinserción.

Otro riesgo es que la presión por reducir las cifras de población penitenciaria termine convirtiéndose en un criterio más importante que la evaluación individual de cada caso. Por ello, cualquier mecanismo de liberación tendría que establecer requisitos claros, transparentes y verificables.

La construcción de seis nuevos centros también plantea interrogantes. Aunque ampliar la infraestructura puede ser necesario en entidades con problemas graves de sobrepoblación, construir más cárceles implica una inversión considerable y gastos permanentes de operación. Si el sistema de justicia continúa generando largos periodos de prisión preventiva y procesos lentos, la nueva capacidad podría volver a saturarse con el paso del tiempo.

De acuerdo con la información disponible, los nuevos centros todavía se encuentran en fase de planeación y no existe aún un presupuesto definitivo para su construcción.

El dilema: liberar o construir más cárceles

La propuesta plantea un debate de fondo sobre la manera en que México utiliza la prisión como herramienta de justicia.

Construir nuevos centros puede resolver parcialmente el problema de espacio, pero no necesariamente corrige las causas que producen la saturación. Por otro lado, liberar personas sin una evaluación rigurosa podría generar preocupación entre víctimas y ciudadanos.

Por ello, la efectividad del plan dependerá menos del número de personas que eventualmente sean liberadas o del número de penales que se construyan y más de cómo se seleccionen los casos, cómo se supervisen las liberaciones y qué medidas de reinserción acompañen al proceso.

La propia administración ha presentado la propuesta bajo un enfoque de reinserción social y de respeto a los derechos humanos.

Un equilibrio entre justicia y seguridad

El plan tiene argumentos a favor y en contra. Reducir la prisión preventiva prolongada y revisar casos de delitos menores puede ser una forma de hacer un uso más racional del sistema penitenciario. Al mismo tiempo, cualquier liberación debe considerar el riesgo de reincidencia, los derechos de las víctimas y la seguridad de las comunidades.

La construcción de nuevos centros podría mejorar las condiciones de quienes permanecen privados de la libertad, pero representa una solución principalmente de infraestructura. Si no se acompaña de una justicia más rápida y de mejores mecanismos de reinserción, la sobrepoblación podría reaparecer.

Por ahora, el proyecto está en proceso de definición. El gobierno deberá determinar cuáles serán los criterios para revisar los expedientes, qué cambios legales serían necesarios, qué entidades recibirían los nuevos centros y cuánto costará la estrategia.

El reto será encontrar un punto de equilibrio entre descongestionar las cárceles, respetar el debido proceso y mantener la seguridad pública. La discusión, por tanto, no se limita a decidir quién debe permanecer en prisión, sino a determinar cuándo la prisión es realmente necesaria y qué alternativas pueden funcionar sin poner en riesgo a la sociedad.