
Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.- Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, promovió un juicio de amparo para reclamar a la Fiscalía General de la República (FGR) la presunta dilación para determinar si ejercerá o no acción penal dentro de una carpeta de investigación iniciada en 2023.
De acuerdo con información publicada este jueves, el recurso fue presentado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo de la jueza Gabriela Sandoval Saavedra.
El acto reclamado está relacionado con la actuación del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula I-7 DGCAP de la Ciudad de México, respecto de la carpeta identificada como FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023.
Sin embargo, hasta el momento, el expediente público del juicio de amparo no proporciona detalles sobre los hechos que dieron origen a dicha carpeta de investigación, ni precisa cuál es el delito que se indaga.
Tampoco se establece públicamente que la carpeta de 2023 corresponda a la investigación relacionada con los videos difundidos en 2020, en los que Pío López Obrador aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero.
En un acuerdo publicado este jueves en el portal del Órgano de Administración Judicial, la jueza informó que Pío López Obrador fue notificado vía electrónica. No obstante, la información disponible no precisa si la demanda ya fue admitida formalmente ni si se concedió alguna medida cautelar.
Antecedente del caso de los videos
Pío López Obrador ha enfrentado anteriormente procedimientos relacionados con los videos difundidos en 2020. En aquella investigación, la Fiscalía General de la República determinó en octubre de 2022 el no ejercicio de la acción penal por presuntos delitos electorales.
La determinación ocurrió después de que un juez federal ordenara a la Fiscalía definir la situación jurídica de la investigación, luego de que Pío López Obrador reclamara la demora de la autoridad ministerial.
En 2025, el Instituto Nacional Electoral informó que la investigación relacionada con las aportaciones que presuntamente aparecen en los videos se prolongó durante varios años y que la FGR había determinado el no ejercicio de la acción penal en 2022.
Por ello, el nuevo juicio de amparo promovido en 2026 debe distinguirse de aquel expediente, pues hasta ahora no existe información pública suficiente para establecer que ambos asuntos estén relacionados.
La nueva demanda se centra en la falta de una determinación de la FGR respecto de una carpeta iniciada en 2023, por lo que será necesario esperar a que avance el procedimiento judicial para conocer el contenido de la investigación y la resolución que, en su caso, emita la autoridad federal.





