Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.– El Gobierno federal presume una reducción histórica de los homicidios dolosos en México. De acuerdo con cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, una disminución del 53 por ciento. El Gobierno sostiene que se trata de un avance de su estrategia nacional de seguridad y destaca que agosto fue el mes con el promedio más bajo de la serie desde 2015.

El dato es relevante y, de acuerdo con la información oficial, la reducción está registrada en las estadísticas de incidencia delictiva. Sin embargo, una lectura periodística obliga a preguntarse qué mide exactamente esa cifra y hasta dónde puede utilizarse para afirmar que la inseguridad disminuyó en la misma proporción. El propio SESNSP explica que sus estadísticas de incidencia delictiva se construyen a partir de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales y por la Fiscalía General de la República.

Esto significa que 40.8 homicidios diarios registrados no necesariamente equivalen a todos los hechos violentos ocurridos en el país. La estadística oficial permite medir la evolución de los delitos que llegan al sistema de procuración de justicia, pero no captura por sí sola toda la violencia ni otros fenómenos que afectan la seguridad de la población. Por ello, la caída de los homicidios constituye un indicador importante, pero no basta para describir por completo la situación de seguridad en México.

Hay además otro elemento que merece atención: 2026 inició con una nueva metodología estadística. Desde enero de este año, las fiscalías utilizan el Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID), una actualización del sistema anterior que, según el SESNSP, permite mayor precisión en el registro de 71 delitos. El organismo mantiene separadas las series correspondientes a la metodología 2015-2025 y la vigente a partir de 2026.

El Gobierno también reporta una reducción del 39 por ciento en los delitos de alto impacto, además de disminuciones en delitos como el robo de vehículo con violencia. Asimismo, informa que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto y que se aseguraron más de 34 mil armas de fuego.

La discusión, por tanto, no debería reducirse a aceptar o rechazar el discurso oficial. Los homicidios registrados efectivamente muestran una tendencia descendente, pero el verdadero desafío consiste en saber si esa reducción se traduce también en una disminución de la violencia que experimentan cotidianamente los ciudadanos. Para responderlo es necesario observar, además de los homicidios, delitos como extorsión, desapariciones, robos, violencia familiar y otros indicadores de seguridad, así como las diferencias existentes entre estados y municipios.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿México está viviendo una reducción real y generalizada de la violencia, o estamos ante una disminución importante de uno de los principales indicadores delictivos que todavía necesita ser contrastada con el resto de la realidad criminal del país? Los datos oficiales permiten afirmar que los homicidios registrados han bajado; determinar qué tan profunda es la transformación de la inseguridad requiere mirar mucho más allá de un solo porcentaje.

Saltillo, Coahuila.— 22 de septiembre de 2026. La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, permanece en prisión preventiva y enfrenta dos procesos penales relacionados con presuntos delitos cometidos durante su administración municipal. En julio pasado, un juez de control la vinculó a proceso por peculado y ejercicio abusivo de funciones, además de fijar seis meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con información de autoridades y medios locales, uno de los procesos está relacionado con un presunto daño al erario estimado en 15 millones de pesos. La Fiscalía Anticorrupción de Coahuila también mantiene otras carpetas de investigación relacionadas con la administración municipal que encabezó Flores Guerra entre 2022 y 2025. Las acusaciones se encuentran sujetas al desarrollo de los procedimientos judiciales y no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.

En agosto, la defensa promovió un amparo en Hidalgo con el propósito de modificar la situación jurídica de la exalcaldesa y permitirle enfrentar su proceso en libertad. Sin embargo, el recurso quedó sin efecto después de que se cuestionara la competencia territorial del juzgado y se señalaran posibles irregularidades en la tramitación del amparo. Posteriormente, un juez en Coahuila negó nuevamente la posibilidad de que Flores enfrentara el proceso fuera de prisión.

Al 22 de septiembre de 2026, Tania Flores continúa recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales en su contra. La Fiscalía estatal ha señalado que existen más de una decena de carpetas de investigación relacionadas con su administración; sin embargo, las responsabilidades definitivas deberán ser determinadas por las autoridades judiciales conforme avance cada procedimiento.

*Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, fue detenido en Cuautla; es señalado como probable responsable del crimen ocurrido el pasado 12 de septiembre

Cuautla, Morelos.— Francisco Javier “N”, conocido con los alias de “El Trompas” o “El Paco”, fue detenido este jueves en el municipio de Cuautla, Morelos, señalado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años.

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

De acuerdo con las autoridades, en las investigaciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos.

La Fiscalía de Morelos había obtenido previamente una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, luego de que las investigaciones y el análisis de videos de cámaras de vigilancia permitieran identificarlo como probable responsable del feminicidio.

El crimen

Claudia Tacoronte Aguilera, originaria de las Islas Canarias y estudiante de la Universidad de Granada, se encontraba en México como parte de un intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La noche del sábado 12 de septiembre, la joven acudió a las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Según las investigaciones difundidas hasta ahora, Claudia fue atacada con un arma blanca y, pese a que logró ingresar al inmueble en busca de ayuda, murió a consecuencia de las heridas.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que la joven habría sido víctima de un intento de robo. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, señaló que el crimen se habría originado durante un forcejeo por un robo; sin embargo, las investigaciones ministeriales continúan para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Identificación del sospechoso

La Fiscalía de Morelos informó el miércoles 16 de septiembre que un juez había concedido una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”.

Los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona y otros indicios, además de información proporcionada por ciudadanos. El sospechoso habría sido identificado en videos relacionados con el momento del ataque y con otros robos registrados previamente en Cuautla.

De acuerdo con declaraciones del fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, Francisco Javier “N” cuenta con antecedentes por robo y anteriormente habría estado recluido en Morelos, donde recibió una sentencia. Las autoridades también han señalado que, hasta el momento, la investigación apunta a que habría actuado solo.

Investigación continúa

Con la detención, Francisco Javier “N” deberá ser puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras continúa el proceso para determinar su situación jurídica y su eventual responsabilidad penal.

El caso generó una fuerte reacción en México y España. La Universidad de Granada condenó el asesinato de su estudiante y suspendió nuevas movilidades académicas hacia Morelos, mientras autoridades españolas solicitaron el esclarecimiento de los hechos.

La investigación permanece abierta y será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad del detenido conforme avance el proceso.

Nota: Hasta este momento, las autoridades lo señalan como presunto responsable; la detención y la orden de aprehensión no equivalen por sí mismas a una sentencia condenatoria.

Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.- Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, promovió un juicio de amparo para reclamar a la Fiscalía General de la República (FGR) la presunta dilación para determinar si ejercerá o no acción penal dentro de una carpeta de investigación iniciada en 2023.

De acuerdo con información publicada este jueves, el recurso fue presentado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo de la jueza Gabriela Sandoval Saavedra.

El acto reclamado está relacionado con la actuación del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula I-7 DGCAP de la Ciudad de México, respecto de la carpeta identificada como FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023.

Sin embargo, hasta el momento, el expediente público del juicio de amparo no proporciona detalles sobre los hechos que dieron origen a dicha carpeta de investigación, ni precisa cuál es el delito que se indaga.

Tampoco se establece públicamente que la carpeta de 2023 corresponda a la investigación relacionada con los videos difundidos en 2020, en los que Pío López Obrador aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero.

En un acuerdo publicado este jueves en el portal del Órgano de Administración Judicial, la jueza informó que Pío López Obrador fue notificado vía electrónica. No obstante, la información disponible no precisa si la demanda ya fue admitida formalmente ni si se concedió alguna medida cautelar.

Antecedente del caso de los videos

Pío López Obrador ha enfrentado anteriormente procedimientos relacionados con los videos difundidos en 2020. En aquella investigación, la Fiscalía General de la República determinó en octubre de 2022 el no ejercicio de la acción penal por presuntos delitos electorales.

La determinación ocurrió después de que un juez federal ordenara a la Fiscalía definir la situación jurídica de la investigación, luego de que Pío López Obrador reclamara la demora de la autoridad ministerial.

En 2025, el Instituto Nacional Electoral informó que la investigación relacionada con las aportaciones que presuntamente aparecen en los videos se prolongó durante varios años y que la FGR había determinado el no ejercicio de la acción penal en 2022.

Por ello, el nuevo juicio de amparo promovido en 2026 debe distinguirse de aquel expediente, pues hasta ahora no existe información pública suficiente para establecer que ambos asuntos estén relacionados.

La nueva demanda se centra en la falta de una determinación de la FGR respecto de una carpeta iniciada en 2023, por lo que será necesario esperar a que avance el procedimiento judicial para conocer el contenido de la investigación y la resolución que, en su caso, emita la autoridad federal.