Ciudad de México, 11 de agosto de 2026.— El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum analiza una estrategia para enfrentar la sobrepoblación en algunos centros penitenciarios estatales, que contempla revisar la situación jurídica de personas privadas de la libertad por delitos menores y de quienes llevan largos periodos en prisión sin recibir una sentencia.
La propuesta fue planteada este martes por la presidenta, quien explicó que también se estudia la construcción de alrededor de seis nuevos centros penitenciarios estatales, en coordinación con los gobiernos de las entidades que enfrentan mayores problemas de saturación. El proyecto se encuentra todavía en una etapa de planeación y no se han definido los recursos necesarios para su ejecución.
La medida ha generado interés porque combina dos respuestas diferentes a un mismo problema: reducir la cantidad de personas que permanecen innecesariamente en prisión y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad del sistema penitenciario.
Una revisión, no una liberación general
Uno de los aspectos que más atención ha provocado es la posibilidad de liberar a personas encarceladas por delitos menores, entre ellas quienes hayan cometido robos de menor gravedad. Sin embargo, la propuesta no significa que todas las personas procesadas o sentenciadas por este tipo de delitos vayan a quedar automáticamente en libertad.
El planteamiento consiste en revisar los expedientes y determinar qué casos pueden resolverse mediante mecanismos jurídicos existentes o mediante eventuales modificaciones legales. La situación de las personas que llevan años en prisión preventiva sin sentencia también forma parte de la revisión.
Este punto es relevante porque una persona en prisión preventiva no necesariamente ha sido declarada culpable. Por ello, agilizar procesos que llevan años sin una resolución podría contribuir a reducir la población penitenciaria sin que ello implique perdonar automáticamente delitos.
Los posibles «beneficios»
Uno de los principales argumentos del plan es que podría aliviar la saturación de los penales. Cuando las instalaciones operan por encima de su capacidad, aumentan las dificultades para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, atención y reinserción social.
Una reducción selectiva de la población penitenciaria permitiría concentrar recursos en personas acusadas o condenadas por delitos de mayor gravedad, mientras que quienes representen un menor riesgo podrían acceder, cuando legalmente corresponda, a alternativas distintas a la prisión.
Otro posible beneficio es atender el problema de las personas que permanecen durante años en prisión preventiva sin sentencia. Si existen casos en los que los procesos se han prolongado injustificadamente, una revisión podría contribuir a reducir una situación que afecta tanto a los derechos de los acusados como a la eficiencia del sistema de justicia.
También existe un argumento económico. Mantener a una persona privada de la libertad implica gastos permanentes de alimentación, vigilancia, infraestructura, atención médica y operación penitenciaria. Si determinados internos pueden cumplir medidas alternativas conforme a la ley, esos recursos podrían destinarse a mejorar las condiciones de quienes sí deben permanecer en prisión.
Los riesgos y cuestionamientos
El principal desafío será evitar que una política diseñada para descongestionar las cárceles termine generando nuevos problemas de seguridad.
No todos los delitos considerados menores tienen necesariamente el mismo impacto en las víctimas o en las comunidades. Una revisión mal diseñada podría liberar a personas que posteriormente reincidan, especialmente si no existen mecanismos adecuados de supervisión, atención social y reinserción.
Otro riesgo es que la presión por reducir las cifras de población penitenciaria termine convirtiéndose en un criterio más importante que la evaluación individual de cada caso. Por ello, cualquier mecanismo de liberación tendría que establecer requisitos claros, transparentes y verificables.
La construcción de seis nuevos centros también plantea interrogantes. Aunque ampliar la infraestructura puede ser necesario en entidades con problemas graves de sobrepoblación, construir más cárceles implica una inversión considerable y gastos permanentes de operación. Si el sistema de justicia continúa generando largos periodos de prisión preventiva y procesos lentos, la nueva capacidad podría volver a saturarse con el paso del tiempo.
De acuerdo con la información disponible, los nuevos centros todavía se encuentran en fase de planeación y no existe aún un presupuesto definitivo para su construcción.
El dilema: liberar o construir más cárceles
La propuesta plantea un debate de fondo sobre la manera en que México utiliza la prisión como herramienta de justicia.
Construir nuevos centros puede resolver parcialmente el problema de espacio, pero no necesariamente corrige las causas que producen la saturación. Por otro lado, liberar personas sin una evaluación rigurosa podría generar preocupación entre víctimas y ciudadanos.
Por ello, la efectividad del plan dependerá menos del número de personas que eventualmente sean liberadas o del número de penales que se construyan y más de cómo se seleccionen los casos, cómo se supervisen las liberaciones y qué medidas de reinserción acompañen al proceso.
La propia administración ha presentado la propuesta bajo un enfoque de reinserción social y de respeto a los derechos humanos.
Un equilibrio entre justicia y seguridad
El plan tiene argumentos a favor y en contra. Reducir la prisión preventiva prolongada y revisar casos de delitos menores puede ser una forma de hacer un uso más racional del sistema penitenciario. Al mismo tiempo, cualquier liberación debe considerar el riesgo de reincidencia, los derechos de las víctimas y la seguridad de las comunidades.
La construcción de nuevos centros podría mejorar las condiciones de quienes permanecen privados de la libertad, pero representa una solución principalmente de infraestructura. Si no se acompaña de una justicia más rápida y de mejores mecanismos de reinserción, la sobrepoblación podría reaparecer.
Por ahora, el proyecto está en proceso de definición. El gobierno deberá determinar cuáles serán los criterios para revisar los expedientes, qué cambios legales serían necesarios, qué entidades recibirían los nuevos centros y cuánto costará la estrategia.
El reto será encontrar un punto de equilibrio entre descongestionar las cárceles, respetar el debido proceso y mantener la seguridad pública. La discusión, por tanto, no se limita a decidir quién debe permanecer en prisión, sino a determinar cuándo la prisión es realmente necesaria y qué alternativas pueden funcionar sin poner en riesgo a la sociedad.
