
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.— La Cámara de Diputados aprobó en lo general y, posteriormente, en lo particular, la reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.
La votación en lo general fue de 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Después de un debate de casi 11 horas y la discusión de las reservas presentadas por legisladores, el Pleno aprobó también el dictamen en lo particular y lo remitió al Senado de la República, donde continuará su proceso legislativo.
La reforma establece que las personas que tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos a alguno de estos cargos. Además, quienes lleguen a ejercer la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán adquirir posteriormente otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero ni invocar ante autoridades de otro país una nacionalidad distinta de la mexicana.
Durante la discusión, Morena, PT y PVEM defendieron la medida como una disposición relacionada con la soberanía y la lealtad al Estado mexicano. Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron, en cambio, que la doble nacionalidad pueda utilizarse como parámetro para determinar la lealtad de una persona a México y señalaron posibles afectaciones a los derechos políticos de mexicanos con vínculos con otros países.
De acuerdo con la información publicada tras la aprobación, la modificación no elimina el derecho de los mexicanos a conservar una doble nacionalidad; la restricción se concentra en quienes pretendan ocupar los cargos ejecutivos señalados. La propuesta contempla su aplicación a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no afectaría las elecciones de gubernaturas previstas para 2027.
Siguiente paso: el Senado deberá analizar y votar la reforma antes de que pueda continuar hacia las siguientes etapas del procedimiento constitucional.



