Chilpancingo, Gro., 26 de junio de 2026.- El diputado Jesús Parra García presentó una iniciativa para incorporar como falta administrativa grave la conducta de las personas servidoras públicas que utilicen su empleo, cargo, comisión, atribuciones, programas sociales o recursos públicos para favorecer o perjudicar las preferencias electorales.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, contempla la reforma al artículo 21 y la adición del artículo 64 Quáter de la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero.

En el documento, el legislador señala que, aunque la legislación vigente contempla faltas graves como el desvío de recursos públicos o el abuso de funciones, no existe una disposición específica que sancione de manera autónoma el uso de recursos públicos con fines electorales.

Explicó que la reforma establece de manera expresa que incurrirá en responsabilidad administrativa grave la persona servidora pública que utilice bienes, fondos, programas, servicios o recursos públicos para realizar actos de precampaña, campaña, proselitismo o propaganda electoral, así como para ejercer presión, coacción o condicionamiento sobre servidores públicos o ciudadanos con el propósito de influir en su participación política o en el sentido de su voto.
Precisó que dichas conductas podrán ser sancionadas administrativamente, sin perjuicio de las responsabilidades penales, electorales o civiles que correspondan conforme a la legislación vigente.

Asimismo, propone reformar el artículo 21 de la citada ley para obligar a las autoridades estatales y municipales a fortalecer los mecanismos institucionales de integridad, control interno y prevención de riesgos de corrupción, mediante la implementación de lineamientos, programas y acciones de blindaje administrativo-electoral orientados a evitar la utilización indebida de recursos públicos durante los procesos electorales.

Parra García agregó que la reforma busca fortalecer la democracia, proteger la neutralidad del aparato estatal y garantizar que los recursos públicos sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines constitucionales, evitando cualquier intervención indebida en la competencia electoral.

Chilpancingo, Gro., 26 de junio de 2026.- El diputado Arturo Álvarez Angli presentó una iniciativa para reconocer como un derecho constitucional el de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada, sustituyendo en la legislación local el concepto de “toda familia” por el de “toda persona”, así como el de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La iniciativa, que reforma la fracción III del numeral 1 del artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, tiene como propósito armonizar el marco jurídico estatal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar este derecho de manera universal e individual, garantizando que cualquier persona pueda acceder a una vivienda adecuada, sin importar su estado civil o modelo familiar.

El legislador señaló que resulta necesario actualizar la terminología vigente para eliminar las limitaciones jurídicas asociadas al concepto de “vivienda digna y decorosa”, al considerarlo ambiguo. Explicó que el término “vivienda adecuada” se encuentra respaldado por estándares internacionales que establecen condiciones concretas relacionadas con la seguridad, habitabilidad, accesibilidad, disponibilidad de servicios, asequibilidad y ubicación.

Álvarez Angli destacó que organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han definido que una vivienda adecuada debe garantizar protección jurídica frente a desalojos, acceso a servicios básicos, infraestructura suficiente, condiciones de seguridad y respeto a la identidad cultural de las personas, elementos indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado.

Agregó que mantener una redacción distinta en la Constitución local limita la eficacia del derecho a la vivienda y dificulta su implementación conforme a los principios de progresividad y protección de los derechos humanos. Por ello, consideró indispensable homologar el texto de la legislación estatal con el marco constitucional federal y con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.