Chilpancingo, Gro., 14 de mayo de 2026.— La diputada Ana Lilia Botello Figueroa propuso un exhorto para que las áreas educativas correspondientes realicen un diagnóstico integral sobre la prestación de los servicios de educación y atención a la primera infancia que se brindan en los Centros de Atención Infantil (CAI), Centros de Atención Múltiple (CAM) y Escuelas de Educación Inicial (EEI).

En el exhorto, que analiza la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la legisladora expone que se debe garantizar una educación preescolar de calidad para que la niñez alcance todo su potencial, por lo que este nivel debe ser una prioridad en toda política pública.

Señaló que la Educación Inicial tiene como objetivo fortalecer las competencias de las familias y de las organizaciones educativas de las comunidades y de la sociedad, responsables de la crianza y educación de niñas y niños. En Guerrero, este servicio se presta a través de los CAI —espacios conocidos como guarderías, estancias del bienestar y centros asistenciales de desarrollo infantil— y de los CAM, que atienden a niñas y niños con discapacidad.

Agregó que esta atención debe estar alineada con la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, sustentada en el Marco del Cuidado Cariñoso y Sensible, que promueve un entorno estable en el que madres, padres y cuidadores aseguren salud y nutrición adecuadas, protección frente a riesgos y oportunidades de aprendizaje temprano mediante interacciones emocionalmente propicias y receptivas.

Refirió que solo 6 de cada 10 niñas y niños entre 3 y 5 años asisten a un programa educativo destinado a la atención de la primera infancia. Por ello, propuso exhortar a la Secretaría de Educación Guerrero para que instruya a las áreas correspondientes a realizar un diagnóstico integral sobre la prestación de los servicios de educación y atención en los CAI, CAM y EEI, que contemple, entre otros aspectos: estadísticas actualizadas de niñas y niños atendidos; presupuesto asignado a estas instituciones; número de menores que actualmente quedan sin atención y sus causas; y, en materia presupuestal, un análisis que permita valorar si los recursos asignados son acordes con los precios de mercado de los bienes, insumos y servicios destinados a la atención de la niñez guerrerense.

Chilpancingo, Gro., 07 de mayo de 2026.— El diputado Pánfilo Sánchez Almazán, presentó una iniciativa con proyecto de Ley para la Prevención y Combate a la Pobreza del Estado, cuyo propósito es atender de manera estructural esta problemática y reducir la pobreza extrema en Guerrero.

Al exponer la propuesta en tribuna, señaló que la ley busca promover la igualdad de oportunidades y ampliar las capacidades de la población en situación de pobreza, a fin de mejorar sustantivamente su calidad de vida. Esto mediante el ejercicio efectivo de derechos fundamentales como la alimentación, salud, seguridad social, educación, vivienda digna con servicios básicos y un medio ambiente adecuado para su desarrollo integral, además de fortalecer el tejido social y la cohesión comunitaria en la entidad.

Indicó que la pobreza en Guerrero es una problemática histórica que ha limitado el desarrollo humano, social y económico de miles de familias. De acuerdo con datos del INEGI, la entidad se ubica entre los estados con mayores niveles de pobreza del país, particularmente en regiones como la Montaña, Costa Chica y Sierra, afectando con mayor severidad a niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

La iniciativa plantea la creación de un Programa Estatal Integral que articule las acciones de los distintos órdenes de gobierno, así como el establecimiento de un Consejo Interinstitucional encargado de garantizar la coordinación, seguimiento y evaluación permanente de las estrategias implementadas.

Asimismo, propone integrar un padrón estatal confiable que permita una correcta focalización de los apoyos; crear un fondo específico que asegure recursos suficientes y sostenidos; implementar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas; establecer responsabilidades claras y sanciones para evitar el uso indebido de recursos públicos; e impulsar un enfoque basado en el desarrollo de capacidades que permita a las personas superar la pobreza de manera sostenible.

De aprobarse la ley, su aplicación corresponderá a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de sus dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a los ayuntamientos dentro de su jurisdicción, los cuales deberán destinar recursos en sus presupuestos para el cumplimiento de las metas, estrategias, programas y acciones que establezcan en sus planes de desarrollo para la prevención y combate a la pobreza extrema, independientemente de las aportaciones que realicen para la creación, integración y sostenimiento del fondo.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social para su análisis y dictaminación.