*Terry Cole asegura que Estados Unidos ya identificó a funcionarios que presuntamente colaboran con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Refrenda la cooperación con México, pero deja abierta la posibilidad de que Washington ordene acciones unilaterales contra los grupos criminales.
Ciudad de México.— El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, elevó nuevamente la presión sobre México al denunciar que funcionarios de alto nivel estarían colaborando directamente con organizaciones criminales y aseguró que algunos servidores públicos vinculados presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya fueron advertidos por autoridades estadounidenses.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con la periodista Ilia Calderón, transmitida por N+ Univisión, en el marco de la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas celebrada en Buenos Aires, Argentina.
Cole sostuvo que las investigaciones estadounidenses han documentado corrupción gubernamental en México y afirmó que funcionarios de alto nivel trabajan directamente con organizaciones criminales.
El señalamiento adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con el director de la DEA, hace aproximadamente dos semanas Estados Unidos habría advertido a funcionarios mexicanos que actualmente estarían colaborando con el CJNG. Sin embargo, Cole no proporcionó públicamente los nombres de esas personas ni presentó en la entrevista pruebas específicas que sustenten esas acusaciones.
La advertencia de la DEA
Cole fue contundente al referirse a la corrupción y a la presunta infiltración de los grupos criminales en instituciones mexicanas.
El funcionario señaló que una acusación estadounidense recientemente desclasificada exhibe, según su interpretación, la existencia de funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles.
En ese contexto, afirmó que Washington también ha identificado a personas que presuntamente colaboran actualmente con el CJNG y que ya fueron advertidas.
Hasta este lunes, Estados Unidos no ha hecho públicos nombres de funcionarios mexicanos acusados formalmente de colaborar con el CJNG en relación con esta nueva advertencia. La Jornada destacó precisamente que las declaraciones de Cole no estuvieron acompañadas de pruebas públicas sobre esos señalamientos.
La referencia al caso Rocha Moya
Aunque Cole habló principalmente del CJNG, sus declaraciones también se relacionan con el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia.
El director de la DEA mencionó la acusación estadounidense desclasificada contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rocha Moya, como ejemplo de la presunta corrupción gubernamental relacionada con el crimen organizado.
La acusación estadounidense sostiene que funcionarios sinaloenses habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya ha negado las acusaciones y actualmente enfrenta un escenario político y jurídico particularmente complicado después de su breve regreso a la gubernatura y posterior solicitud de nueva licencia.
Sin embargo, es importante establecer una diferencia: la acusación contra funcionarios de Sinaloa pertenece al Cártel de Sinaloa y no constituye, por sí misma, una acusación pública contra funcionarios mexicanos vinculados con el CJNG.
CJNG: el principal objetivo
Cole dedicó buena parte de sus declaraciones al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La DEA considera al CJNG una de las organizaciones criminales más peligrosas y con mayor capacidad internacional. En agosto, la propia agencia estadounidense señaló que el grupo ha construido redes dedicadas a la producción y distribución de drogas, además de utilizar violencia y corrupción para proteger sus operaciones.
El director de la DEA también identificó a Juan Carlos Valencia González, conocido como “El Pelón” o “R3”, como uno de los principales objetivos de la agencia estadounidense contra el CJNG. Valencia González es señalado como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del grupo criminal.
La DEA mantiene una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Valencia González, de acuerdo con reportes recientes.
Una ofensiva que continúa después de “El Mencho”
La ofensiva contra el CJNG se intensificó después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en febrero de este año.
Desde entonces, las autoridades mexicanas han detenido a varios integrantes relevantes de la organización.
Entre ellos se encuentran Audias Flores Silva, “El Jardinero”, señalado como uno de los posibles sucesores de “El Mencho”, y Ramón Álvarez Ayala, “R1”, identificado como uno de los principales operadores del grupo en Michoacán.
Esta misma semana, las autoridades mexicanas realizaron además una serie de operativos en Hidalgo, Jalisco y Michoacán, donde fueron detenidas 20 personas presuntamente vinculadas con el CJNG y se aseguraron 113 vehículos, armas, drogas, drones, equipos de comunicación y animales exóticos, entre ellos tigres y panteras.
Las acciones forman parte de una ofensiva que busca afectar no solamente a los mandos criminales, sino también sus redes logísticas, financieras y de protección.
La cooperación con Harfuch
A pesar del tono crítico de Cole hacia algunos funcionarios mexicanos, el director de la DEA destacó la cooperación que mantiene actualmente con el Gobierno de México.
Cole señaló que existe un intercambio constante de información con las autoridades mexicanas y destacó particularmente su relación con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Estamos intercambiando información” sobre objetivos y miembros de organizaciones criminales y, además, Estados Unidos está apoyando operaciones en México, explicó Cole.
El funcionario estadounidense calificó a Harfuch como un socio con quien mantiene una comunicación constante.
La relación entre ambos funcionarios fue destacada públicamente durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas celebrada en Buenos Aires.
Harfuch, por su parte, ha insistido en que la cooperación con Estados Unidos se realiza dentro del marco jurídico mexicano.
¿Operaciones de Estados Unidos en México?
Uno de los puntos más delicados de la entrevista fue la posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones unilaterales en territorio mexicano.
Ante la pregunta sobre ese escenario, Cole no descartó la posibilidad.
El director de la DEA señaló que su agencia recibe instrucciones del presidente estadounidense y que cumplirá las órdenes que sean emitidas por Donald Trump.
La declaración contrasta con la postura expresada por Harfuch en la misma entrevista.
El secretario mexicano explicó que la cooperación entre ambos países se desarrolla mediante intercambio de información, mientras que las autoridades de cada nación realizan las operaciones dentro de su propio territorio.
Harfuch fue categórico al señalar que agentes extranjeros no pueden operar directamente en territorio mexicano y que México no permitirá ese esquema.
Washington endurece la presión
Las declaraciones de Cole ocurren en un momento de creciente presión estadounidense sobre México.
El gobierno de Donald Trump ha colocado a los cárteles mexicanos en el centro de su estrategia de seguridad y ha designado a organizaciones como el CJNG y el Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras.
La DEA sostiene que estas organizaciones son responsables de una parte importante del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, particularmente de sustancias como el fentanilo.
En agosto, la agencia estadounidense anunció acciones coordinadas contra la estructura del CJNG, incluyendo acusaciones judiciales, recompensas y detenciones.
La incógnita: ¿quiénes son los funcionarios advertidos?
La declaración de Cole abre ahora una nueva interrogante.
Si, como afirmó el director de la DEA, Estados Unidos ya identificó a funcionarios mexicanos que actualmente colaboran con el CJNG, ¿quiénes son y qué pruebas tiene Washington contra ellos?
Hasta ahora no existe una lista pública de esos funcionarios ni una acusación formal estadounidense conocida que permita establecer sus identidades.
Por ello, las declaraciones deben entenderse como señalamientos realizados por el director de la DEA, no como una determinación judicial de culpabilidad.
La diferencia es fundamental, particularmente en un contexto en el que los gobiernos de México y Estados Unidos mantienen una cooperación intensa en materia de seguridad, pero también fuertes desacuerdos sobre los límites de la intervención estadounidense en territorio mexicano.
Un mensaje directo a la clase política mexicana
El mensaje de Terry Cole parece tener dos destinatarios.
Por un lado, los grupos criminales: la DEA pretende mantener la presión sobre las estructuras del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
Por otro, la clase política mexicana: Washington está dejando claro que considera la corrupción y la protección institucional de los cárteles como parte central del problema.
La propia DEA ya había señalado públicamente, a principios de agosto, que sus investigaciones contra el CJNG incluían a funcionarios mexicanos que presuntamente protegerían a dirigentes criminales, facilitarían el tráfico de drogas y permitirían operaciones de lavado de dinero.
Ahora Cole afirma que algunos de esos funcionarios ya fueron identificados y advertidos.
México y Estados Unidos: cooperación con una línea roja
El escenario que se perfila es paradójico.
Mientras la DEA y las autoridades mexicanas intercambian información y coordinan acciones contra organizaciones criminales, Washington mantiene un discurso cada vez más duro sobre la presunta corrupción de funcionarios mexicanos.
México, por su parte, busca conservar el control de las operaciones realizadas dentro de su territorio.
La entrevista de Terry Cole y Omar García Harfuch dejó clara esa diferencia:
Estados Unidos quiere intensificar la ofensiva contra los cárteles; México acepta la cooperación, pero sostiene que las operaciones en territorio nacional corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.
Por ahora, la ofensiva continúa.
Y después de los recientes operativos contra el CJNG en Hidalgo, Jalisco y Michoacán, las declaraciones de Terry Cole sugieren que la siguiente etapa de la estrategia estadounidense podría concentrarse no sólo en los líderes y operadores del cártel, sino también en las presuntas redes de protección política que permiten su funcionamiento.
La gran pregunta es si Washington hará públicos los nombres y las pruebas de los funcionarios que asegura haber identificado.
Hasta que eso ocurra, la acusación permanece en el terreno de las declaraciones y no de una imputación judicial pública.
