
Ciudad de México, 31 de agosto de 2026.- El Congreso de la Unión recibió la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que propone establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La propuesta fue recibida el domingo 30 de agosto por la Comisión Permanente del Congreso y plantea reformas y adiciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De aprobarse la iniciativa, las personas que aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos estatales deberán ser mexicanas por nacimiento y no contar con otra nacionalidad.
El proyecto establece que quienes posean una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos o candidatas.
Asimismo, la propuesta contempla que, una vez que una persona ocupe alguno de estos cargos, no podrá solicitar o adquirir otra nacionalidad durante el ejercicio de su función.
La iniciativa forma parte de una propuesta denominada “Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales”.
De acuerdo con la explicación difundida por el Ejecutivo federal, la reforma busca garantizar que quienes encabecen los principales poderes ejecutivos del país mantengan un compromiso exclusivo con los intereses de México y evitar posibles conflictos de interés con gobiernos o naciones extranjeras.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
La propuesta deberá ser analizada y dictaminada por las comisiones legislativas y, al tratarse de una reforma constitucional, requerirá la aprobación de las cámaras del Congreso y de las legislaturas estatales para entrar en vigor.
Hasta el momento, la iniciativa se encuentra en la primera etapa de su proceso legislativo y no ha sido aprobada, por lo que las disposiciones propuestas aún no son aplicables.
La discusión de la reforma abre un nuevo debate sobre los requisitos de elegibilidad para los cargos de mayor responsabilidad del Poder Ejecutivo en México y sobre las implicaciones de la doble nacionalidad en el ejercicio de funciones públicas.







