Ante la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas respecto a México por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la ONU, colectivos y ONG consultados coincidieron en que la medida tomada representa una nueva oportunidad para la rendición de cuentas sobre las acciones tomadas por el gobierno mexicano para detener la crisis que enfrenta el país, además de observarlo como un punto de inflexión.
Las Naciones Unidas, en abril pasado, detalló que la decisión del CED, integrado por 10 expertos independientes en derechos humanos, se tomó tras un análisis exhaustivo de la información recibida desde 2014, incluyendo denuncias, acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes derivados de su visita al país. El procedimiento fue adoptado por consenso, y aunque no implica sanciones automáticas, podría escalar a instancias superiores dentro del sistema de Naciones Unidas.
El artículo 34 estipula que cuando el CED recibe información con indicios fundados de una práctica sistemática de desapariciones forzadas y, tras solicitar información al Estado involucrado, considera que la situación lo amerita, puede llevar la cuestión ante la Asamblea General de la ONU, por conducto del Secretario General.
En el artículo 2 de la Convención detalla que la desaparición forzada consiste en el arresto, detención o secuestro cometido por agentes del Estado o por personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido del ocultamiento del paradero o de la negativa a reconocer la detención, con lo que la víctima queda fuera de la protección de la ley.
Mientras que el artículo 5 establece que la práctica sistemática o generalizada de desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad, lo que puede acarrear consecuencias dentro del marco del derecho internacional, incluyendo la posibilidad de ser examinada por la Asamblea General o la Corte Penal Internacional, de la cual México también es parte.
El fin de semana, tras conocerce el informe anual en donde se indica la activación del mecanismo, la cancillería mexicana indicó que si bien el país está abierto al escrutinio internacional “las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) carecen de sustento y no son admisibles”.
La activista Grace Fernández, integrante del colectivo Búscame, afirmó que la apertura del procedimiento representa “la herramienta suprema” para cuestionar al Estado mexicano y obligarlo a rendir cuentas por la crisis de desapariciones que enfrenta el país.
Recordó que el fenómeno “ya no es solo sistemático, sino generalizado”, afecta a toda la población sin distinción.
Fernández advirtió que la aquiescencia del Estado mexicano —la tolerancia, omisión o participación indirecta en los crímenes— convierte a todas las desapariciones en desapariciones forzadas, según el derecho internacional.
“Cuando no tienes una estrategia nacional de búsqueda ni de investigación, cuando las comisiones trabajan con cinco personas para buscar a 5,000 desaparecidos, eso es omisión. Y eso es aquiescencia. Y eso convierte todas las desapariciones en forzadas”, sostuvo.
Además, destacó que el pronunciamiento del Comité debe interpretarse como una oportunidad para que México adopte estrategias más efectivas de búsqueda y prevención, y no como una intromisión extranjera.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, afirmó, por su parte, que la activación constituye “un reconocimiento internacional de la gravedad de la crisis de desapariciones que vive México”.
En entrevista señaló que esta medida es consecuencia de la negación sistemática del Estado mexicano frente a la existencia de la desaparición forzada y advirtió que el país “vive desde hace más de 50 años” con este problema, que se ha agudizado desde 2007 con la militarización de la seguridad pública.
“Lo que sí es generalizado y sistemático —dijo— es que el Estado mexicano niega que en este país haya desaparición forzada, cuando sí la hay. En México existen casos en los que agentes del Estado han participado directamente en desapariciones, como en Ayotzinapa, y otros donde colaboran o permiten que agentes privados desaparezcan personas, como en Teuchitlán, Jalisco.”
Por su parte, Jonathan Ávila, coordinador del eje temático de desaparición del CEPAD (Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en México), señaló que el proceso “abre dos posibilidades para México: la primera, someterse a una revisión internacional sobre su capacidad para enfrentar esta crisis, y la segunda, generar cooperación y diálogo con otros países que puedan aportar tecnología, estrategias o apoyo forense”.
El experto también advirtió que, en caso de que el CED determine responsabilidades, el asunto podría escalar a la Asamblea General de la ONU, donde los Estados miembros decidirían si aplicar sanciones o mecanismos de cooperación internacional. Sin embargo, reconoció que este tipo de procedimientos “dependen en gran medida de la voluntad política de los Estados parte”, lo que podría limitar su alcance real.
Los datos de la crisis
Entre el 1 de enero de 2007 y el 26 de octubre de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documentó un total de 338,879 personas reportadas como desaparecidas; de ese universo, 120,196 personas siguen sin ser encontradas, lo que equivale al 35.47% del total, mientras que 218,683 han sido localizadas con o sin vida.
Unas 17,895 personas fueron ubicadas sin vida, lo que representa el 8.18% de los casos localizados.
Los estados con más personas desaparecidas y no localizadas, desde 2007, son el Edomex (14,500), Jalisco (14,263) y Tamaulipas (13,488). A la misma fecha sumaban 131,218 personas desaparecidas y no localizadas en México.
