Chilpancingo, Gro a 18 de julio de 2022.- Ante la agresión y amenaza que sufrieron las diputadas federales del PRI por parte de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, la dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priístas, Aline Mata Eguía Liz, interpusó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero; respaldada por la Secretaria General del PRI, Pilar Vadillo Ruiz; las diputadas locales, Gabriela Bernal Reséndiz y Flor Añorve Ocampo; la dirigente del Movimiento Territorial, María Adame Almazán; la secretaria de Gestión Social, Guadalupe Castillo; así regidoras, sindicas y lideresas del PRI en el estado.
Lo anterior como resultado de los embates de la gobernadora de Campeche, quien condujo un programa el pasado 5 de julio del presente año, en el que afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, por lo que las denunciantes calificaron los dichos de la gobernante morenista como «misóginos y violatorios de la dignidad de todas las mujeres»
En el escrito dirigido a Cecilia Narciso Gaytán, titular de la institución afirman que «Este hecho, no sólo constituye un delito, sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violación directa y fehaciente a los derechos fundamentales.»
Por lo anterior, solicitaron una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los posibles responsables de violaciones a sus derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos.
Al presentar como prueba el programo citado, apuntaron que con ello se acreditan las manifestaciones, acciones y omisiones constitutivas en violencia en contra de la mujer, en particular de las denunciantes por difamar, menoscabar y disminuir sus derechos y libertades, por el simple hecho de ser mujeres y políticas.
Así también, en dicho documento solicitan la eliminación del video publicado en el que se mencionan las fotografías íntimas de las diputadas; prohibir la continuidad de manifestación en la materia de la violencia en contra de las suscritas, continuar ejecutando actos de violencia mediática o digital que las afecte y acercarse o comunicarse con la víctima u ofendida.
Además, demandaron limitar el asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendida, así como las medidas que sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de la persona en situación de violencia.
Finalmente, requirieron al organismo realizar las investigaciones necesarias por la posible obtención ilegal de material fotográfico privado, «pues representa una grave violación a nuestros derechos como mujeres y servidoras públicas».
