En las últimas dos décadas, cinco estados de México han sido escenario de campos de exterminio, donde se han documentado horrendos casos como los de El Pozolero y Teuchitlán. Estos lugares no son simples fosas clandestinas; son sitios donde se asesina sistemáticamente y se intenta desaparecer los cuerpos, ya sea incinerándolos, triturándolos o disolviéndolos en ácidos. Hasta ahora, se han identificado estos campos en Michoacán, Tamaulipas, Baja California y Jalisco, aunque hay otras entidades donde los colectivos de búsqueda solicitan investigaciones, pero las autoridades a menudo minimizan o ignoran sus peticiones.
En 2009, la historia de Santiago Meza López, conocido como El Pozolero, del Cártel de Tijuana, impactó al país. Este hombre confesó haber disuelto alrededor de 300 cuerpos en sosa cáustica en terrenos cercanos a Tijuana. Más recientemente, el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha reabierto el debate sobre la negligencia de las autoridades en la investigación de estos lugares, donde decenas de personas fueron asesinadas y exterminadas. Aunque la Guardia Nacional aseguró el sitio en septiembre pasado, fue solo después de que fotografías y videos del grupo Guerreros Buscadores se volvieran virales que las autoridades estatales y federales decidieron involucrarse, a pesar de que el rancho estaba bajo la custodia de la Fiscalía de Jalisco.
Edith González, presidenta de Amor por los Desaparecidos, expresó: “El problema es que seguimos encontrando tanto lugares de exterminio como restos, pero volvemos a lo mismo, la fiscalía no los levanta”. Este es un llamado urgente a la acción para que las autoridades escuchen y respondan a las necesidades de las familias que buscan justicia y verdad.
