El gobernador regresó al cargo después de 112 días de licencia, aseguró que la FGR no encontró pruebas en su contra y, apenas 33 horas después, volvió a solicitar licencia. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene una acusación por presuntos vínculos con Los Chapitos y la Fiscalía mexicana mantiene abierta su investigación.

Culiacán, Sinaloa.— El caso de Rubén Rocha Moya dio un nuevo giro en las últimas horas. El gobernador de Sinaloa regresó sorpresivamente a sus funciones después de 112 días de licencia, argumentando que había cumplido con su deber de presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que no existían elementos que acreditaran alguna conducta ilícita en su contra.

Sin embargo, el regreso duró poco más de un día. Ante el fuerte rechazo político que provocó su decisión, incluido el deslinde de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rocha Moya volvió a solicitar licencia y el Congreso de Sinaloa aprobó su separación del cargo.

El episodio colocó nuevamente al gobernador sinaloense en el centro de una controversia que trasciende la política estatal y que involucra investigaciones en México, acusaciones de autoridades estadounidenses, presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y uno de los momentos más delicados de la relación de seguridad entre México y Estados Unidos.

La acusación de Estados Unidos

El origen de la crisis se encuentra en la acusación presentada por fiscales estadounidenses el 29 de abril de 2026, en la que Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa fueron señalados de presuntamente conspirar con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.

De acuerdo con la acusación estadounidense, los funcionarios habrían proporcionado protección política y facilidades para las operaciones del grupo criminal a cambio de sobornos y apoyo político. Entre las sustancias mencionadas en las imputaciones se encuentran fentanilo, heroína y cocaína destinadas al mercado estadounidense.

La acusación también sostiene que la relación entre políticos sinaloenses y miembros del grupo criminal habría tenido implicaciones desde el proceso electoral de 2021. Algunas reconstrucciones periodísticas basadas en el expediente estadounidense señalan que Los Chapitos habrían buscado influir en la llegada de Rocha Moya a la gubernatura y posteriormente obtener control o influencia sobre estructuras de seguridad estatal.

Rocha Moya ha rechazado categóricamente estas acusaciones y sostiene que se trata de señalamientos sin sustento y políticamente motivados.

La investigación de la FGR

Ante los señalamientos estadounidenses, la FGR abrió investigaciones relacionadas con Rocha Moya y otros funcionarios.

El gobernador compareció ante la Fiscalía en mayo pasado y posteriormente afirmó que las autoridades mexicanas no habían encontrado pruebas que lo relacionaran con actividades ilícitas. Con ese argumento, sostuvo que podía regresar al cargo con la «frente limpia».

Pero existe una diferencia fundamental entre la versión de Rocha y la posición del Gobierno federal: la investigación de la FGR no ha sido presentada públicamente como un caso cerrado.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que las investigaciones continúan abiertas. Al mismo tiempo, señaló que Estados Unidos no ha entregado a México pruebas suficientes que sustenten sus acusaciones contra el gobernador.

Por ello, hasta ahora existen dos posiciones enfrentadas: Rocha Moya sostiene que la investigación mexicana no encontró elementos en su contra, mientras que el Gobierno federal mantiene abierta la investigación y Estados Unidos conserva su acusación.

El regreso que duró 33 horas

El viernes 21 de agosto, Rocha Moya anunció que regresaba a la gubernatura después de más de tres meses de licencia.

Su argumento fue que había cumplido con su obligación de ponerse a disposición de las autoridades mexicanas y que consideraba necesario retomar el mandato que obtuvo en las urnas.

La decisión, sin embargo, tomó por sorpresa incluso a integrantes de su propio partido.

Morena se deslindó públicamente de la decisión y diversos gobernadores y dirigentes de la llamada Cuarta Transformación respaldaron la postura de Sheinbaum. El regreso también provocó críticas de la oposición, que acusó al gobernador de buscar protección política y cuestionó las condiciones en las que pretendía ejercer nuevamente el cargo.

La presión aumentó rápidamente.

Apenas unas 33 horas después de su regreso, Rocha Moya volvió a solicitar licencia. El Congreso estatal aprobó la nueva separación y abrió nuevamente el proceso para definir quién deberá conducir el Ejecutivo estatal.

Sheinbaum marca distancia

La reacción de Claudia Sheinbaum fue especialmente significativa.

Este lunes, la presidenta declaró que el regreso de Rocha Moya «no me parecía pertinente, por decir lo menos», y señaló que el gobernador interino debería permanecer al frente del estado hasta que concluya el actual periodo constitucional y se produzca el relevo correspondiente.

Sheinbaum también afirmó que desconocía que Rocha pretendiera regresar al cargo y que no consideraba conveniente esa decisión en medio de las investigaciones existentes.

La postura representa un cambio importante en la dimensión política del caso: el gobernador ya no cuenta con el mismo margen de respaldo que tenía antes de su regreso.

El episodio terminó alineando a Morena y a distintos sectores del oficialismo alrededor de la presidenta, mientras Rocha quedó políticamente aislado.

La presión desde Estados Unidos

La controversia tampoco se limita al terreno mexicano.

Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, lanzó recientemente nuevos cuestionamientos contra Rocha Moya y sostuvo que el gobernador debe responder por las acusaciones estadounidenses.

Además, el actual director de la DEA, Terry Cole, volvió a referirse públicamente a la corrupción y a los vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales, en un contexto en el que la acusación contra funcionarios de Sinaloa continúa siendo parte de la presión estadounidense.

No obstante, existe un punto jurídico que debe distinguirse de la presión política: hasta ahora no se ha concretado una extradición de Rocha Moya a Estados Unidos. Sheinbaum ha sostenido que Washington no ha presentado a México pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones y que cualquier procedimiento deberá seguir los cauces legales correspondientes.

El caso Héctor Melesio Cuén vuelve a aparecer

Otro elemento que mantiene bajo atención el expediente es el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio de 2024, el mismo día en que Ismael «El Mayo» Zambada fue trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, según la versión que ha cobrado fuerza en las investigaciones.

La muerte de Cuén y el secuestro de Zambada forman parte de una compleja trama que ha generado múltiples investigaciones en México y Estados Unidos.

En los últimos días también han aparecido nuevos señalamientos y testimonios relacionados con el caso, incluyendo versiones que buscan establecer posibles conexiones entre funcionarios del gobierno estatal y los acontecimientos alrededor del asesinato de Cuén.

Estos señalamientos deben considerarse como parte de investigaciones y testimonios, no como hechos judicialmente acreditados.

El propio hijo de Cuén ha cuestionado públicamente la falta de avances de la FGR en el esclarecimiento del asesinato.

El punto más delicado: ¿qué pruebas existen?

Éste es uno de los aspectos centrales del caso.

Estados Unidos sostiene que cuenta con elementos suficientes para acusar a Rocha Moya y a otros funcionarios de colaborar con una organización criminal.

Rocha Moya niega las acusaciones.

La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha dicho que Estados Unidos no ha entregado a México las pruebas necesarias para sustentar los señalamientos, aunque mantiene abierta la investigación de la FGR.

Por lo tanto, la existencia de una acusación estadounidense no equivale por sí misma a una sentencia ni demuestra judicialmente la culpabilidad de Rocha Moya.

Pero tampoco significa que el expediente mexicano esté cerrado.

Ése es precisamente uno de los puntos que mantienen abierto el conflicto.

¿Qué viene ahora?

Con Rocha Moya nuevamente separado del cargo, el escenario inmediato es político y jurídico.

El Congreso de Sinaloa deberá garantizar la conducción del Ejecutivo estatal mediante un gobernador interino. Sheinbaum ha pedido que el perfil elegido sea una persona honesta, capaz y comprometida con el estado.

En el terreno judicial, la FGR deberá determinar si existen elementos suficientes para continuar una investigación penal contra Rocha Moya o si finalmente se determina que no hay responsabilidad.

En paralelo, Estados Unidos mantiene vigente su acusación.

Y en el terreno político, Morena deberá administrar las consecuencias de un episodio que terminó exhibiendo una profunda distancia entre la decisión personal del gobernador y la estrategia política de la presidenta Sheinbaum.

Un caso que está lejos de terminar

La historia de Rocha Moya está lejos de concluir.

El gobernador regresó al poder argumentando que las investigaciones mexicanas no habían encontrado pruebas en su contra. Pero su retorno provocó una reacción política adversa tan intensa que terminó solicitando nuevamente licencia apenas 33 horas después.

Ahora enfrenta un escenario inédito: sin ejercer la gubernatura, bajo investigación en México, acusado formalmente en Estados Unidos y con un margen político considerablemente menor dentro de Morena.

Mientras tanto, la pregunta que permanece sobre la mesa es la misma que ha acompañado el caso desde abril:

¿Las acusaciones estadounidenses podrán ser respaldadas con pruebas ante las autoridades mexicanas, o la investigación de la FGR terminará confirmando la versión de Rocha Moya de que no existe evidencia de una conducta criminal?

La respuesta dependerá de los expedientes, de las pruebas que eventualmente sean entregadas por Estados Unidos y de las determinaciones de las autoridades mexicanas.

Por ahora, el caso Rocha Moya permanece abierto en los dos frentes: el judicial y el político.